En la Alta Guajira, la paciencia se acabó. El presidente Gustavo Petro decidió actuar directamente frente a la crisis que vive el hospital de Nazareth, un proyecto que debería hace tiempo estar beneficiando a la comunidad pero que sigue en el limbo. Durante su visita a la región el 14 de noviembre de 2024, ordenó la intervención del Gobierno Nacional para sacar adelante esta obra tan necesaria.

Los números hablan solos: se destinaron más de 37 mil millones de pesos a mediados del año anterior, pero apenas se ha avanzado el 50% de lo que debería estar hecho en este momento. Eso significa que mientras las máquinas están quietas, cerca de 29 mil habitantes de Nazareth siguen esperando un centro de salud digno. Para la gente de la región, especialmente en una zona golpeada por tormentas y huracanes, contar con un hospital moderno no es un lujo sino una necesidad de supervivencia.

El presidente no dudó en apuntar al responsable del caos administrativo. "No vienen a trabajar y no por culpa de los trabajadores, sino porque no les pagan", fue su diagnóstico claro. Los operarios no se presentan a las obras porque simplemente no reciben sus salarios. Es una realidad tan elemental como injusta: sin dinero en el bolsillo, nadie puede trabajar, y sin trabajadores, la construcción se estanca. Petro instruyó al ministro de Salud para que garantice los pagos y reactive las labores sin más demoras.

Pero el presidente no se quedó en eso. Mientras se retoma la construcción del hospital definitivo, propuso instalar estructuras temporales de salud que brinden atención de segundo nivel. De esta forma, la comunidad tendría acceso a servicios médicos más rápidos mientras avanza la obra principal. Además, anunció hospitales móviles para emergencias y coordinó con la Armada el transporte de suministros y alimentos, una necesidad vital en una región donde las vías de conexión son limitadas.

Para los habitantes de Nazareth, especialmente para los líderes indígenas de la zona que han expresado su preocupación, esta intervención representa un rayo de esperanza. El proyecto original contemplaba 36 meses para completarse, pero los retrasos han transformado lo que debería ser una realidad en una promesa pendiente. Ahora, con las órdenes del presidente sobre la mesa, todo depende de que el Gobierno cumpla con celeridad y que, esta vez sí, los recursos lleguen donde deben llegar: a los bolsillos de quienes construyen y a las manos de quienes necesitan atención médica.