La decisión estaba cantada. El presidente Gustavo Petro anunció a través de su cuenta en X que Air-e, la empresa que distribuye la energía eléctrica en Magdalena, Atlántico y La Guajira, será liquidada. El Gobierno consideró que la intervención que realizó la Superintendencia de Servicios Públicos no fue suficiente para sacar a la compañía del hoyo financiero en el que se encuentra.

Lo que promete Petro es integrar los activos de Air-e en una nueva empresa pública del Caribe. Con esto, dice el Gobierno, se garantizará que el servicio siga llegando a los hogares y se fortalecerá el sistema eléctrico de la región. La idea suena ordenada en el papel, pero en la realidad hay muchas incógnitas pendientes.

Después de más de 20 meses de intervención estatal, organismos como la Contraloría y la Procuraduría habían levantado la mano advirtiendo que las cosas no mejoraban. No había resultados que permitieran asegurar que Air-e podría recuperarse o que el servicio permanecería estable para los millones de usuarios que dependen de ella en la costa caribeña.

El problema no es solo administrativo. Gremios y expertos en el sector energético están preocupados por algo más concreto: las deudas que Air-e ha acumulado. Si la empresa se liquida sin resolver antes esas obligaciones pendientes, el golpe económico podría afectar a otras distribuidoras del país y empeorar aún más la crisis que vive toda la industria energética nacional.

La incertidumbre sigue siendo grande. Mientras el Gobierno define cómo será exactamente la integración de los activos de Air-e a esta nueva empresa pública, persiste la pregunta de quién exactamente va a garantizar el servicio para más de un millón de usuarios en la región. La definición de las alternativas apenas comenzará después de que termine la segunda vuelta presidencial, lo que deja en vilo a miles de colombianos del Caribe que dependen de que la luz llegue a sus casas.