El presidente Gustavo Petro no se quedó callado frente a lo que describe como un delito electoral que ocurre a plena luz en tres departamentos de la costa caribeña. Ordenó directamente a la Policía Nacional que investigue, capture y detenga a quienes estarían utilizando el agua potable, un servicio esencial, como moneda de cambio para conseguir votos en Cesar, Magdalena y La Guajira.

Lo que más llamó la atención fue el tono contundente del mandatario. No se limitó a pedir cooperación: fue directo con los comandantes de Policía en esas regiones. "Le solicito a la Policía de Aguachica detener a los autores materiales e intelectuales de este delito electoral que pasa bajo sus ojos", expresó el presidente, haciendo referencia específica al municipio de Aguachica y dejando claro que espera acciones inmediatas, no promesas.

Pero Petro fue más allá de la simple orden. Lanzó una advertencia que suena como ultimátum: la inacción podría interpretarse como que la Policía está del otro lado de la cerca. "Si no responden en la práctica es porque la Policía de esas regiones está articulada a las mafias políticas y el crimen", afirmó, subrayando que se trata de una orden que emite en su carácter de comandante supremo de la Fuerza Pública.

El contexto es importante. Estamos en pleno escenario preelectoral, y el clientelismo político ha sido históricamente una práctica denunciada en algunas zonas del país. Por eso este llamado del presidente golpea donde duele: en la credibilidad de los procesos electorales en esa región.

El mandatario también aprovechó para cuestionar el cumplimiento de otras instrucciones en el Caribe oriental. Recordó que ordenó instalar "de inmediato la estación de carabineros más grande del Caribe oriental" en el Parque Tayrona, la importante reserva natural ubicada en Santa Marta, pero admitió su preocupación de que esa orden aún no se haya ejecutado. Eso, según él, levanta sospechas sobre la efectividad de la respuesta institucional en toda la región.

El mensaje final fue claro y sin espacio para malinterpretaciones. "No queremos policías encubriendo el crimen", advirtió Petro, dejando establecido que cualquier omisión o tolerancia frente a estas prácticas electorales irregulares no será aceptada. La orden está dada: investigar, capturar y procesar a los responsables, sin dilaciones ni excusas.