El Gobierno del presidente Gustavo Petro hizo oficial el nombramiento de Diego Andrés Salcedo Monsalve como nuevo presidente de Fiduprevisora, la entidad responsable de administrar los recursos que financian la salud y las prestaciones de los maestros colombianos a través del Fomag (Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio). Este cambio llena el vacío que dejó Vanessa Gallego Peláez, quien se fue en abril pasado cuando el gremio docente estaba en pleno paro nacional. Mientras tanto, Rosa Dory Chaparro Espinosa, jefa jurídica del Ministerio de Hacienda, había estado manejando temporalmente la dirección.

Salcedo es abogado con maestría en Derecho y especialización en Regulación y Gestión de Tecnologías de la Información. Cuenta con más de 15 años de trayectoria entre el sector público y privado. Sus primeros trabajos estuvieron en la Rama Judicial entre 2008 y 2013, después pasó por el Ministerio de Hacienda como contratista jurídico hasta 2017. Más recientemente estuvo en Fontic, en el área de Conectividad, por más de cinco años hasta 2024, y antes de este nombramiento fue asesor externo en el Departamento Nacional de Planeación.

Pero la llegada del nuevo presidente se produce en el peor momento posible. Desde mayo de 2024, Fiduprevisora asumió la operación de un esquema de salud completamente nuevo para el magisterio, diseñado por los ministerios de Educación, Salud y Hacienda. El cambio fue radical: eliminó a los operadores regionales y concentró en la fiduciaria toda la contratación de prestadores médicos en el país. La implementación ha sido un desastre en varias regiones.

En Antioquia y otros departamentos, los prestadores de servicios médicos han restringido consultas y procedimientos por desacuerdos sobre pagos pendientes y las nuevas condiciones contractuales impuestas por la fiduciaria. Los docentes reportan falta de medicamentos, demoras excesivas para conseguir citas y procedimientos no autorizados. El problema se ha generado quejas masivas entre los usuarios.

Los organismos de control también se percataron del problema. En abril, la Procuraduría pidió información financiera y contractual a Fiduprevisora y al Fomag para investigar las presuntas fallas en la prestación del servicio. El Ministerio Público documentó un aumento considerable en peticiones, quejas y reclamos de los usuarios, especialmente por el desabastecimiento de medicinas y la asignación de citas médicas.

A esto se suma la presión de Fecode, el sindicato de los docentes, que ha exigido auditorías profundas tras denuncias de irregularidades en los pagos y deficiencias en la defensa jurídica del sistema. Para Salcedo, el reto es monumental: tiene que reorganizar un sistema colapsado mientras enfrenta el escrutinio de la Procuraduría y el descontento generalizado del gremio que representa a los maestros del país.