El presidente Gustavo Petro afirmó este jueves que sacó a Olmedo López de la dirección de la UNGRD de manera inmediata cuando se descubrió el intento de desfalco. Pero los hechos pintan un cuadro bastante diferente. El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres estalló en 2023, pero Petro no pidió la renuncia de López hasta febrero de 2024. Un mes antes, el 25 de enero, el presidente estaba en Micay defendiendo públicamente a su director. En ese momento, López llevaba más de un mes suspendido por orden de la Contraloría y ya todos los indicios apuntaban hacia él. Incluso en aquella ocasión, Petro cuestionó la suspensión: "¿Dónde está el director?, suspendido (...) ¿Eso es hacerle bien al país?". No fue hasta un mes después cuando López renunció.

El caso que hoy tiene a López en el Batallón Caldas, en Bogotá, con una condena de seis años de cárcel, involucra un entramado mucho más complejo que la simple compra de carrotanques para La Guajira. Según la Fiscalía, funcionarios de la UNGRD desviaron recursos públicos y ofrecieron contratos de obras a cambio de votos favorables de congresistas para las reformas del Gobierno. El escándalo comenzó cuando salió a luz que la UNGRD había hecho una licitación exprés para comprar 40 carrotanques destinados a llevar agua potable a poblaciones indígenas vulnerables. Invitó a competir a tres empresas: Luket SAS, BRAND SAS e Impoamericana Roger SAS. Las ofertas fueron de 1.087 millones, 1.152 millones y 1.280 millones de pesos respectivamente, por unidad. Ganó la más costosa. Lo extraño fue que Impoamericana Roger, la que presentó la cifra más alta, no pidió anticipo alguno, carecía de experiencia en el ramo y tenía un capital de apenas poco más de 200 millones de pesos. Según la Contraloría, esto fue anómalo. Los carrotanques terminaron guardados en un parqueadero sin ser utilizados.

Las investigaciones revelaron que los representantes de las tres empresas estaban conectados entre sí. Hubo un presunto acuerdo para que simularan competencia, pero el contrato ya estaba decidido para Impoamericana Roger. Los vehículos fueron comprados a un tercero llamado Kenworth de la Montaña, una empresa de Medellín, y entregados a la UNGRD. Sneyder Pinilla, quien firmó la recepción de los carrotanques, también recibió parte del soborno que se exigió a los empresarios que participaron en la licitación.

El caso va mucho más allá. López y otros implicados han mencionado a nueve congresistas involucrados en ofrecer contratos a cambio de apoyo político a las reformas gubernamentales. Entre los capturados recientemente están Wadith Alberto Manzur del Partido Conservador y Karen Manrique de las curules de paz, ambos reelectos. La Corte Suprema también investiga a Martha Peralta del Pacto Histórico, Liliana Bitar del Partido Liberal, Julián Peinado también del Liberal, Juan Pablo Gallo del Liberal y Juan Diego Muñoz de la Alianza Verde. Según el testimonio de López ante la Corte, Manrique sostuvo reuniones en 2023 para revisar tres contratos que sumaban cerca de 92 mil millones de pesos destinados a Cotorra, El Salado y Saravena. López afirmó que había acuerdos con el entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla y que uno de esos proyectos, el de Saravena, supuestamente se usaría para financiar al Ejército de Liberación Nacional.

Cuando Petro declara que "ningún proyecto de congresistas presentado a la UNGRD se ejecutó" y que esto fue por sus órdenes terminantes, la realidad es más matizada. Los proyectos no prosperaron, cierto, pero no por una orden presidencial, sino por la presión mediática y la vigilancia política, estatal y ciudadana que rodeó estos procesos cuestionados desde el inicio. López, quien ahora escribe cartas desde la cárcel asegurando que ha recibido amenazas, se queja de haber sido desprotegido por la Fiscalía después de colaborar. Según él, sus delaciones han llevado a investigaciones contra cerca de 20 funcionarios cercanos al presidente y al menos nueve congresistas.