El presidente Gustavo Petro rompió el silencio el 23 de abril con un mensaje en X para aclarar su posición frente a los rumores que circulaban sobre supuestos vínculos sentimentales con Juliana Guerrero y otras mujeres cercanas a su administración. Todo surgió después de las declaraciones públicas de Angie Rodríguez, quien se desempeña como gerente del Fondo de Adaptación y fue exjefa del Departamento Administrativo de la Presidencia.

En su pronunciamiento, Petro fue tajante: ninguna de las personas mencionadas en las entrevistas de Rodríguez ha tenido o tiene relación sentimental con él. El mandatario aprovechó también para recordar que prefiere no hablar de su vida privada a menos que sea por decisión propia, y añadió que la intromisión del poder en la intimidad de las personas afecta la libertad. Con ese mensaje, el presidente intentó cerrar el capítulo del componente personal del escándalo que ha sacudido al Gobierno en las últimas semanas.

Los rumores se intensificaron después de que Rodríguez hiciera señalamientos públicos sobre una presunta red de presiones, amenazas y conflictos internos dentro del Ejecutivo, ubicando a Juliana Guerrero como figura central en varias de esas denuncias. Aunque estas acusaciones han generado un intenso debate mediático, hasta ahora permanecen en el terreno de los señalamientos públicos y no constituyen decisiones judiciales o disciplinarias.

Mientras Petro se enfocó en desmentir lo personal, otros funcionarios también han reaccionado. Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, ha rechazado públicamente los señalamientos en su contra, ampliando el alcance político del episodio. El cruce de versiones ha movido la controversia hacia nuevos frentes.

Lo crucial ahora ocurre en la Fiscalía. Distintos reportes indican que la entidad citó a Angie Rodríguez para que amplíe sus denuncias y aporte detalles concretos sobre los hechos que ha mencionado contra Carrillo, Guerrero y otras personas. Este paso es fundamental porque mueve el caso desde el debate público hacia una etapa donde las autoridades judiciales deberán establecer qué acusaciones tienen sustento real y cuáles carecen de él.