El presidente Gustavo Petro ha dedicado más de dos años a hablar sobre Diego Marín Buitrago, conocido como "Papá Pitufo" y señalado como el principal contrabandista del país. Su narrativa es clara: en 2022, cuando Marín intentó meter 500 millones de pesos a su campaña presidencial, él mismo lo identificó como un delincuente y ordenó devolver la plata. Una buena historia de transparencia. El problema es que otros hechos cuentan una versión distinta.

Según reportó la revista Cambio el fin de semana pasado, Petro se reunió en el Hotel Tequendama de Bogotá en mayo de 2024 con Gonzalo Boye, el abogado europeo de Marín. También estuvo presente Ramón Devesa, un hacker español. En ese encuentro, el mandatario habría expresado su interés en que el contrabandista viajara a Colombia para contar lo que sabía sobre corrupción. Después, autorizó a uno de sus funcionarios para viajar a España y hablar directamente con Marín. Cuando se destapó esta información, Petro salió rápidamente a desmentir. En redes sociales escribió: "no tengo tratos ni he tenido con Diego Marín", insistiendo en que todo contacto se limitó a pedirle que se entregara a la justicia.

Pero aquí está el asunto: distintas investigaciones confirman que en 2024 hubo al menos un encuentro entre Petro y el abogado de Marín. No es lo mismo que una reunión directa con el investigado, pero sí configura un canal de comunicación con su círculo más cercano. Y los intercambios fueron más complejos que una simple exhortación institucional. Jorge Lemus, exdirector de la DNI, le dijo a otro abogado de Marín: "¿Qué necesita? De parte nuestra, como presidente de Estado, pues, porque como te digo, en la cuestión ya de Fiscalía, eso lo negocian con ellos. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no podamos, de pronto, hablar algo dentro de la Fiscalía que lo favorezca, eso es otra cosa". Lemus incluso sugirió que era posible meter a Marín en la Paz Total.

Otro punto clave: Petro afirmó ser quien reveló a Colombia quién era Diego Marín y su capacidad para corromper funcionarios públicos. "Fuí yo mismo el que hice que la sociedad colombiana supiera de Diego Marín y su capacidad de comprar altos funcionarios de la fuerza pública, de la DIAN/Aduanas y hasta presidentes de la república", escribió. Sin embargo, eso no es exacto. Marín ya era conocido en círculos judiciales y de investigación desde años atrás, con procesos abiertos en la Fiscalía. Lo que pasó no fue una revelación, sino una amplificación mediática de un caso que llevaba moviéndose en la sombra.

El presidente también aseguró haber contactado directamente a gobiernos europeos para facilitar la captura de Marín, pero hasta ahora no hay registros públicos ni confirmaciones oficiales de esas gestiones. Sobre la fuga del contrabandista, Petro culpó a filtraciones desde la Policía, pero eso sigue siendo una hipótesis sin respaldo de decisiones judiciales conclusivas. Finalmente, acusó a la Fiscalía de garantizar la impunidad de Marín e impedir su extradición, escribiendo: "La fiscalía garantizó la impunidad de Marín y garantizó que no fuera extraditado a Colombia". La Fiscalía ha negado irregularidades, y no existe fallo ni investigación que compruebe responsabilidades institucionales en eso.

El panorama deja una pregunta abierta: si Petro no tenía tratos con Marín, como afirma, ¿por qué su administración mantuvo contactos con su entorno y exploró posibles acuerdos? Las versiones del mandatario en redes sociales y las evidencias reportadas por investigadores seguirán generando debate mientras la justicia continúa con sus procesos.