La polémica sobre la supuesta intervención de funcionarios civiles en operaciones militares y policiales no deja de escalarse. El presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse en redes sociales para negar categóricamente que haya ordenado frenar ningún tipo de operación de la Fuerza Pública. Según el mandatario, solo dos actores en el país tienen esa capacidad: el mando de la Fuerza Pública o él mismo como comandante supremo. "Ningún funcionario puede frenar un ataque que no sea el mismo mando de la Fuerza Pública o el presidente de la República", escribió.

La controversia surgió tras las acusaciones del general en retiro Henry Sanabria, exdirector de la Policía, quien cuestionó la intervención de Laura Sarabia en algunos procedimientos policiales. Petro aprovechó para aclarar que las únicas operaciones que él revisó directamente fueron los bombardeos que él mismo autorizó. Explicó que esas revisiones obedecieron a criterios de prudencia para evitar daño a menores de edad o civiles en las zonas de ataque.

Por su lado, Laura Sarabia pasó del terreno político al judicial. La actual embajadora de Colombia en el Reino Unido anunció que presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación contra el general Sanabria. Sarabia consideró necesario defender su nombre, pues asegura que las acusaciones afectan gravemente su buen nombre, honra y reputación sin sustento legal.

A través de su equipo jurídico, Sarabia aclaró que cuando fue jefe de gabinete presidencial siempre actuó dentro del marco de sus funciones y siguiendo instrucciones directas del presidente Petro. El equipo de abogados explicó que el único episodio al que Sanabria hizo referencia fue una pregunta, no una orden, sobre el uso de la fuerza antidisturbios durante una protesta social feminista. Según la defensa, ese asunto no guardaba relación alguna con procesos de negociación ni con la política de Paz Total del Gobierno.

Los abogados de Sarabia fueron enfáticos al rechazar cualquier vínculo entre ella y actuaciones irregulares relacionadas con la política de paz. Advirtieron que quienes formulen acusaciones falsas o sin sustento deberán responder ante la justicia. Con esta acción, la excanciller elevó considerablemente el tono de una controversia que parecía estar solo en el plano de las declaraciones públicas.