El presidente Gustavo Petro se acercó a las urnas en Bogotá como cualquier colombiano para ejercer su derecho al voto. Pero lo que pasó después encendió las alarmas: al salir del cuarto oscuro, desplegó su tarjetón frente a las cámaras y mostró exactamente por quién había marcado su preferencia, algo que técnicamente está vedado por la ley.

Colombia tiene normas claras al respecto. La Constitución y la legislación electoral establecen que los funcionarios públicos, y aún más el presidente de la República, deben guardar una posición de imparcialidad y neutralidad durante las campañas. No se trata de que Petro, como ciudadano, no tenga derecho a votar libremente. El punto es otro: mostrar públicamente su elección puede interpretarse como una manifestación explícita de apoyo a un candidato, algo que su cargo le prohíbe hacer.

Esta escena llegó en un momento tenso. Desde hace meses, sectores políticos y sociales le reclaman al jefe de Estado sus constantes intervenciones en asuntos electorales, argumentando que un presidente debe mantener distancia de las contiendas políticas para no comprometer la credibilidad institucional. Diversos actores han insistido en que, aunque cualquier ciudadano puede votar como quiera, los servidores públicos tienen deberes especiales de neutralidad que no pueden evadir.