La tensión política en el país se ha intensificado tras la decisión del presidente Gustavo Petro de desconocer los resultados de la primera vuelta presidencial. Mientras la mayoría de sectores institucionales, políticos y gremiales reconocen lo que la Registraduría ya confirmó en su Boletín número 106, el mandatario continúa insistiendo en la existencia de un fraude masivo que supuestamente alteró el sistema electoral a favor del candidato opositor Abelardo de la Espriella.

El respaldo de los jueces de la República al escrutinio parecería cerrar cualquier debate sobre la transparencia del proceso. La Registraduría reportó una coincidencia del 99,94 por ciento entre el escrutinio adelantado de forma autónoma por los jueces y los datos del preconteo inicial. De las más de 122.000 mesas instaladas, solo restaban 33 por escrutar debido a dificultades climáticas en zonas apartadas. La entidad enfatizó que las modificaciones en la consolidación fueron mínimas, demostrando la transparencia del sistema. Estos números parecerían dejar sin piso legal las reclamaciones del presidente.

Pero Petro se mantiene firme en su desacato. Asegura poseer pruebas de una manipulación en la División Político Administrativa a través del software de la firma privada de los hermanos Bautista. Denunció que el censo oficial de 41.421.973 ciudadanos fue alterado a 42.307.373, introduciendo supuestamente 885.409 cédulas por fuera de la fecha legal. También afirmó que mientras las mesas oficiales eran 120.527, el sistema de conteo reportó 122.020, creando un excedente de 1.493 mesas. Aseguró además que existieron 5.300 mesas con votaciones atípicas de entre 300 y 700 votos diarios, donde se fraguó la ventaja de 635.000 votos de Abelardo. El presidente enfatizó que "Dije que no reconocí los datos del preconteo… porque tengo datos. El registrador se negó permanentemente a entregar el código fuente".

Lo que ha dejado al presidente completamente aislado en su postura es la reacción de su propio sector. Iván Cepeda, el candidato de izquierda y aspirante oficialista, optó por la vía institucional y reconoció públicamente los resultados de la jornada. Incluso extendió una invitación a debatir a su contrincante Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta del próximo 21 de junio. Este gesto de Cepeda ha dejado al mandatario sin el respaldo de quienes deberían acompañarlo en su narrativa.

Desde la oposición, partidos como el Centro Democrático y el movimiento de Abelardo de la Espriella rechazaron tajantemente las acusaciones. Las tildan de maniobra peligrosa para deslegitimar la voluntad popular ante una eventual derrota. Sectores gremiales y analistas coinciden en que sembrar dudas sobre un sistema validado al 99,94 por ciento por los propios jueces de la República pone en serio riesgo la estabilidad del país de cara a los comicios de la segunda vuelta.

Con la Registraduría marchando en firme hacia las urnas del 21 de junio y los jueces cerrando los escrutinios sin novedades, la posición de Petro abre una grieta institucional inédita en la historia reciente de Colombia. Es la primera vez que el propio mandatario desconoce abiertamente las reglas de juego del Estado que preside, generando una tormenta política sin precedentes a pocas semanas de la segunda vuelta electoral.