Durante la sesión de ayer del Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro volvió a poner sobre la mesa su proyecto más controvertido: convocar a una asamblea nacional constituyente. Esta no es la primera vez que lo menciona. Desde 2024 ha insistido en que esta es la única forma de garantizar que sus reformas lleguen realmente al país y se ejecuten como las concibió.

En la reunión, Petro fue directo al asunto. Aseguró que la convocatoria a una constituyente es "una opción válida dentro del marco legal" y no dudó en solicitar a uno de sus ministros información concreta sobre cómo financiar el proceso y qué mecanismos usar para recolectar las firmas ciudadanas que respaldarían la iniciativa. No quedó en promesas vagas: quiere los detalles operativos.

La propuesta no ha pasado desapercibida. Desde la oposición, especialmente desde los sectores de derecha, llueven los cuestionamientos. La principal preocupación es que una constituyente podría reabrir la puerta a la reelección presidencial, derecha que fue eliminada en 2015. Si eso ocurriera, teóricamente Petro tendría camino abierto para volver a aspirar en 2030. Es un temor que resuena en varios espacios políticos del país.

Pero el Presidente tiene su respuesta lista. Ha defendido la iniciativa argumentando que su propósito central es otra cosa: combatir la corrupción, un flagelo que incluso ha golpeado su propia administración. Según su visión, el sistema político es la raíz del problema, y por eso la reforma debe enfocarse ahí. "El propósito es avanzar hacia una constituyente contra la corrupción", afirmó el mandatario.

Lo cierto es que el debate apenas comienza. La decisión de impulsar formalmente esta convocatoria tendrá que navegar aguas turbulentas en el Congreso y en la opinión pública, donde el tema divide opiniones profundamente.