Cuando alguien habla una y otra vez de cosas que después no se pueden comprobar, algo no encaja. Y ese parece ser el patrón que ha marcado varias de las aseveraciones del presidente Gustavo Petro durante su gobierno. En sus discursos presidenciales y a través de sus más de 8 millones de seguidores en la red social X, el mandatario ha mencionado datos que, según analistas y expertos, no siempre coinciden con los reportes que publican las entidades del Estado. El problema es que esos mensajes llegan masivamente a millones de colombianos sin que muchas veces vengan acompañados de cifras concretas que los respalden.

Hace poco, en un domingo cualquiera, el presidente afirmó que "vamos muy bien, las cocinas y comedores de las casas del pueblo en el campo o la ciudad tienen mucha más comida que antes" y también habló de mayor acceso a educación para jóvenes e incremento de ingresos para mujeres de bajos recursos. Pero como ya es costumbre, no presentó números específicos que sustentaran sus palabras. Este patrón de aseveraciones ambiguas no es nuevo. En 2024, por ejemplo, Petro denunció públicamente un faltante de armamento en los inventarios militares que incluía 2 misiles, 500 granadas RPG y millones de municiones para fusil. Sin embargo, horas después, fuentes militares lo desmintieron. Resultó que había cometido un error al leer los reportes del Ejército: confundió "material aún no registrado en el sistema" con "material realmente faltante". El resultado fue que sus cifras estuvieron muy por encima de la realidad. Reportó, por ejemplo, la pérdida de 1.077 granadas en La Guajira cuando en realidad solo se extraviaron 26.

Las contradicciones se han acumulado. Semanas antes de las elecciones legislativas, Petro insistió repetidamente en que los comicios estaban en riesgo de ser un "fraude" e incluso cuestionó la labor del registrador nacional Hernán Penagos y del procurador Gregorio Eljach. Pero el viernes pasado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló en contra de estas afirmaciones. El magistrado Luis Manuel Lasso Lozano ordenó al presidente retractarse en un plazo de tres días hábiles a través de sus redes sociales, refiriéndose específicamente a sus denuncias sobre fraude en los procesos electorales de 2014, 2022 y marzo de 2026.

Uno de los ejemplos más cuestionados es su afirmación de que su "gobierno es el que más ha incautado cocaína en la historia del mundo". Aunque es cierto que hay un aumento en decomisosde droga, expertos advierten que esto no necesariamente significa que se haya reducido el negocio. La realidad es que, según la ONU, para 2024 Colombia seguía siendo el país que más cocaína producía en el mundo. A mayor producción, lógicamente hay más volumen para incautar. El relato de las intervenciones clandestinas también ha sido recurrente. Petro ha mencionado tener "información privilegiada" sobre supuestas chuzadas, como en el caso de Abelardo de la Espriella, a quien señaló de tener conversaciones con los dueños de Greg & Sons que quedaron registradas en informes de inteligencia. La Procuraduría ya anunció investigaciones contra funcionarios de la DNI por este tema.

En cuanto a educación, uno de los pilares de su gestión, los tropiezos son evidentes. Hace una semana se conoció que un colegio inaugurado en El Tarra, Norte de Santander, sigue sin luz, agua ni alcantarillado cuatro meses después de su presentación como una apuesta educativa del Gobierno para el Catatumbo. Pero el caso más emblemático es el de las universidades. El Ejecutivo se propuso crear 100 universidades públicas, pero hasta ahora solo ha generado 24 contratos, la mayoría sin avances significativos. Según una investigación, para julio de 2025 proyectos como la Universidad del Putumayo apenas alcanzaban un 8 por ciento de ejecución. El representante a la Cámara electo Daniel Briceño denunció que el Ministerio de Educación transfirió "500 mil millones de pesos hoy embolatados" a Findeter sin que se vean resultados tangibles.

Finalmente, está el asunto de los supuestos 500 millones de pesos que, según Petro, recibió su campaña de 2022 del contrabandista Diego Marín Buitrago y que el mandatario aseguró devolvió al enterarse del origen del dinero. Casi un año y medio después, esa "prueba reina", el video de la devolución, nunca ha sido mostrado. Las inconsistencias y versiones cruzadas dentro del propio entorno del Gobierno sobre cómo se manejaron esos recursos solo han reforzado las dudas. El presidente sigue insistiendo que la devolución ocurrió, pero sin presentar la evidencia que lo compruebe.