La propuesta de una asamblea constituyente vuelve a sonar en los pasillos del poder. Gustavo Petro no ha soltado esta idea desde el segundo año de su gobierno, retomándola de manera intermitente con apoyo de sectores de la izquierda. Ahora anuncia que presentará un proyecto al nuevo Congreso el 20 de julio, lo que ha reavivado el debate sobre los verdaderos propósitos detrás de esta iniciativa.

El senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, ha sido claro al plantear que "ya no basta con protestar […] ha llegado el tiempo de ser poder constituyente". Esta frase resume la intención de la izquierda de avanzar en la propuesta, aunque ha encontrado resistencia en el camino. Diversos actores políticos, incluidos los verdes, se han mostrado divididos al respecto, especialmente después de negociaciones donde algunos no lograron mantener una posición firme contra la idea.

Lo que preocupa a los críticos de la propuesta no es solo que busque reformar la Constitución. Según su análisis, el verdadero objetivo sería eliminar la prohibición de reelección presidencial y erosionar el sistema de frenos y contrapesos que caracterizan nuestro ordenamiento institucional. Esto significaría debilitar la autonomía del Congreso, la independencia de las Cortes y la separación de poderes, permitiendo que el presidente concentre mayor poder sin control efectivo. El ejemplo de Venezuela, donde la constituyente chavista abrió el camino hacia una dictadura, sirve de referencia para entender los riesgos.

Ahora bien, desde el punto de vista jurídico, cualquier constituyente debe seguir un camino claro. Según la Constitución de 1991, se requiere que el Congreso apruebe por mayoría una ley que convoque al pueblo a votar si desea una asamblea constituyente. Además, al menos una tercera parte del censo electoral debe aprobar la convocatoria. La asamblea debe ser elegida por voto directo en un acto electoral independiente, y antes de todo esto, la Corte Constitucional debe validar la constitucionalidad de la convocatoria. Saltarse estos pasos significaría una convocatoria inconstitucional.

Los problemas que enfrenta Colombia en seguridad, delincuencia y economía no encuentran su origen en los artículos de la Carta del 91, opinan quienes se oponen a esta iniciativa. La Constitución de 1991, producto de una participación amplia de todas las fuerzas políticas y sociales de la época, es considerada una de las más avanzadas en materia de derechos y mecanismos de protección a nivel mundial. Lo que requiere Colombia, desde esta perspectiva, es defender esa Constitución de intentos por modificar sus pilares fundamentales.

El futuro de la propuesta dependerá de los resultados electorales de 2026. Si la oposición triunfa en las presidenciales, el proyecto estaría prácticamente condenado. Sin embargo, si la izquierda mantuviera el poder, los riesgos de aprobación aumentarían considerablemente, dado el poder presidencial en manos de quien gobierna y la capacidad política de movilizar apoyos en el Congreso.