La exministra de Justicia Ángela María Buitrago no solo denunció los problemas en la cárcel de Itagüí después de dejar su cargo, sino que ya había puesto sobre aviso al presidente Gustavo Petro hace más de un año. En una entrevista con la revista Semana, la exfuncionaria explicó cómo enfrentó durante su gestión un entramado de presiones políticas que le impidieron ejecutar su trabajo correctamente en medio de la política de paz total del gobierno.

Según Buitrago, ella reportó por escrito las irregularidades detectadas en Itagüí durante marzo del año pasado y luego volvió al tema directamente con el presidente en abril, durante una visita conjunta a un centro de reclusión en Acacías, Meta. Esas alertas tempranas sobre problemas de control en la prisión antioqueña cobraron relevancia después, cuando el 8 de abril se registró la polémica fiesta vallenata con el cantante Nelson Velásquez y líderes de bandas criminales del Valle de Aburrá. "Se le rindió un informe escrito en el mes de marzo, se dejó la secretaría jurídica, pero no sé si lo alcanzó a ver. De todos modos, tuvimos una conversación muy tangencial en abril cuando fuimos a un centro de reclusión en Acacías y allí le mencioné ese tema, pero desde ese punto de vista yo salgo en mayo, paso la renuncia y una de las causas era esa", contó Buitrago.

La exministra señaló que su renuncia en mayo fue directamente provocada por la imposibilidad de cumplir sus funciones debido a interferencias políticas. Acusó a actores como la senadora Isabel Zuleta de sabotear operativos en las cárceles y de buscar proteger a líderes de bandas criminales bajo la excusa del proceso de paz urbana. Buitrago dejó documentado todo ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia para que se investiguen estas irregularidades.

La situación de Zuleta se complica cada vez más. El presidente de la Corte Suprema, magistrado Mauricio Lenis, confirmó que la Sala de Instrucción adelanta cuatro indagaciones previas contra la senadora, entre ellas la fiesta en Itagüí, denuncias por presiones y amenazas durante operativos antiextorsión en 2024, y hechos relacionados con el llamado tarimazo en Medellín.

Para Buitrago, el punto clave está en que cualquier proceso de paz debe funcionar dentro del marco legal. Como expresó en conversación con EL COLOMBIANO, "Un proceso de paz tiene que hacerse dentro de la ley y respetando las disposiciones carcelarias y las condenas proferidas por los jueces; es ahí donde realmente adquiere valor". La exministra enfatizó que en un sistema carcelario no puede haber privilegios ni excepciones, especialmente tratándose de personas condenadas. Fue precisamente su insistencia en cumplir con requisas, verificaciones y protocolos básicos lo que generó los cuestionamientos contra ella.

Buitrago recordó cómo la acusaron de saboteadora del proceso de paz. "Se presentaron afirmaciones de que yo no quería la paz, de que era enemiga de la paz e incluso que iba a acabar con el proceso", relató. Pero para ella, cumplir la ley no es negociable: "una regla de vida", insistió. Su visión choca directamente con lo que sucedió después en Itagüí, donde la igualdad ante la ley parece haber sido abandonada en favor de consideraciones políticas.