El Gobierno enfrenta un nuevo escándalo tras confirmarse que el presidente Gustavo Petro fue advertido hace más de un año sobre las irregularidades que se cometían dentro de la cárcel de La Paz de Itagüí, donde capos criminales recibían privilegios y beneficios que no debían tener.

La responsable de revelar esta información es la exministra de Justicia Ángela María Buitrago, quien aseguró que entregó informes detallados sobre estas anomalías antes de dejar su cargo. En mayo pasado presentó su renuncia, y ahora explica que el motivo principal fue la interferencia indebida de la senadora Isabel Cristina Zuleta en los asuntos de los centros penitenciarios. De acuerdo con Buitrago, la congresista intervenía en los protocolos carcelarios argumentando que no quería "dañar" los procesos de la llamada paz urbana.

La exministra fue clara en los detalles de cómo informó al mandatario. "Se le rindió un informe escrito en marzo y tuvimos una conversación en abril donde le mencioné el tema", explicó, recalcando que estas intromisiones dificultaban los operativos del Inpec para incautar elementos prohibidos como licor, drogas y artículos de lujo en las celdas de los cabecillas.

Buitrago sostiene que toda la evidencia de estas advertencias y las presuntas omisiones de los guardianes del Inpec ya reposa en manos de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia. Las investigaciones buscan esclarecer por qué, a pesar de las alertas tempranas, se permitieron hechos tan irregulares como parrandas con artistas vallenatos e ingreso de mercancía ilegal en un centro que supuestamente forma parte de los esfuerzos de paz del Gobierno.

Para la exministra, la situación se había vuelto insostenible. Como cabeza del sector de Justicia, la responsabilidad de lo que ocurría en los penales recaía sobre sus hombros, mientras agentes externos interrumpían constantemente los protocolos de seguridad que ella debía garantizar.