Un capítulo importante en la lucha contra el narcotráfico se cierra con la firma de la extradición de 'Chiquito Malo'. El presidente Gustavo Petro autorizó mediante la resolución número 261, fechada el 6 de julio de 2026, la entrega formal a la justicia estadounidense de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, uno de los capos más perseguidos del país.

La solicitud que hizo posible esta decisión llegó desde la embajada de Estados Unidos el 29 de noviembre de 2022 y ya había pasado todos los trámites requeridos ante la Fiscalía General de la Nación. Ávila asumió el control de la estructura criminal del Clan del Golfo después de que alias 'Otoniel' fuera capturado y extraditado, consolidándose como el nuevo rostro visible de esa organización delictiva.

Ante la Corte Distrital del Distrito Sur de Florida, enfrenta cargos serios por narcotráfico. El cargo principal es concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína. Lo que agrava su situación es que, según el dictamen de junio de 2022, estas operaciones de narcotráfico internacional se ejecutaban a bordo de embarcaciones sujetas a la jurisdicción estadounidense.

Un aspecto significativo de la resolución presidencial es que el Gobierno ordenó no aplazar su entrega por investigaciones o procesos penales que curse en Colombia. Esto significa que será trasladado de forma inmediata una vez se concreten los procedimientos operativos necesarios.

Como ocurre en todos los tratados de cooperación judicial internacional, la extradición está condicionada al respeto de derechos fundamentales. Estados Unidos debe certificar que Ávila no será sometido a desaparición forzada, torturas, destierro o confiscación, ni recibirá tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni le será impuesta pena de prisión perpetua. También se garantiza que no será juzgado por hechos distintos a los que motivaron esta solicitud.

Lo que viene después también está definido: si Ávila cumple su condena en Estados Unidos o resulta absuelto en algún momento, deberá retornar obligatoriamente a Colombia para responder ante la justicia local por el extenso prontuario de delitos pendientes que enfrenta en el país.