La tensión diplomática entre Colombia y Bolivia escaló este jueves cuando el gobierno de Gustavo Petro decidió expulsar al embajador boliviano en Bogotá, Ariel Percy Molina Pimentel, en respuesta a la expulsión que Bolivia había ordenado contra la embajadora colombiana Elizabeth García en La Paz. El movimiento representa una reacción recíproca a las acusaciones del gobierno de Rodrigo Paz Pereira sobre supuesta injerencia del mandatario colombiano en los asuntos internos bolivianos.

Todo comenzó cuando Petro utilizó sus redes sociales para expresar su apoyo a los movimientos de protesta que sacuden Bolivia desde inicios de mayo. Con una referencia poética, el presidente colombiano escribió que Bolivia vive una "insurrección popular": "Decía la leyenda que el jaguar americano despertaría si atacaban al cóndor, y el jaguar ha despertado en conciencia popular". Bolivia argumentó que estas declaraciones constituían una interferencia inaceptable en su política interna, por lo que su canciller Fernando Aramayo declaró a Petro persona "non grata".

Desde la Cancillería colombiana se defendieron de las acusaciones. En un comunicado oficial manifestaron que "no ha mediado por parte de ningún funcionario o miembro del Gobierno nacional, el interés o el propósito de inmiscuirse en los asuntos internos de Bolivia, y, consecuentemente, ratifica su compromiso con los principios de igualdad soberana". La medida de expulsar al embajador se calificó como de "recíprocidad" ante lo que Colombia consideró una acción desproporcionada.

Durante una entrevista con Caracol Radio, Petro justificó sus pronunciamientos sobre la situación boliviana. "Si por proponer un diálogo y una intermediación sacan a la embajadora, se está pasando a extremismos", aseguró el presidente, quien además sostuvo que "en Bolivia hay un gobierno que está cuestionado por el pueblo". Petro ha sido cercano históricamente al expresidente boliviano Evo Morales y expresó preocupación por lo que describió como acciones violentas contra la población boliviana.

La crisis boliviana tiene raíces profundas en la economía del país andino. Bajo el gobierno de Paz, quien asumió hace seis meses, Bolivia enfrenta su peor crisis económica desde los años ochenta. El mandatario agotó las reservas de dólares que se utilizaban para subsidiar combustibles, eliminó esos subsidios en diciembre y enfrentó una inflación interanual del 14% en abril. Campesinos, obreros, mineros y otros trabajadores han salido a protestar exigiendo la renuncia de Paz.

La llegada al poder de Paz marcó el fin de dos décadas de gobiernos de izquierda en Bolivia bajo Evo Morales y Luis Arce. El nuevo mandatario cuenta con el apoyo de Estados Unidos y es visto como un nuevo aliado del presidente estadounidense Donald Trump en América Latina. Los conflictos diplomáticos entre gobiernos de la región se suman a otras tensiones recientes, como las denuncias del Ecuador sobre supuesto robo de energía eléctrica desde la frontera con Colombia bajo el gobierno de Daniel Noboa.