El presidente Gustavo Petro no ha guardado silencio frente a lo que considera un caso de gravedad extrema. Este miércoles pidió de manera directa a la Cancillería que presente una nota de protesta ante el Gobierno de Estados Unidos por la muerte de un joven colombiano ocurrida hace poco más de un año en un centro de detención migratoria estadounidense.

El caso que movilizó al mandatario es el de Brayan Rayo Garzón, de 27 años, quien falleció el 8 de abril de 2025 en el condado de Phelps, Misuri, mientras estaba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE. Según el relato de Petro en redes sociales, "Se suicidó un joven colombiano en un campo de concentración de ICE del gobierno estadounidense. Quería llamar a su mamá y no se le permitió. Decidió el suicidio".

La historia de Rayo Garzón comenzó en noviembre de 2023, cuando fue detenido por una patrulla fronteriza cerca de San Ysidro, California, acusado de entrar ilegalmente al país. Meses después, en junio de 2024, un juez de inmigración ordenó su deportación y fue trasladado al centro de detención en Misuri donde aguardaba su regreso a Colombia. En marzo de 2025 contrajo covid, y días después, el 7 de abril, fue hallado inconsciente en su celda con una sábana alrededor del cuello.

Para Petro, el caso refleja algo más profundo. "El gobierno de EEUU debe reflexionar cómo la política de inmigración está matando a estadounidenses y a latinoamericanos", escribió en su mensaje. El mandatario cerró su pronunciamiento con un homenaje: "Un homenaje de toda la juventud colombiana a Brayan Rayo Garzón. QEPD".

No es la primera vez que familiares y forenses cuestionan la versión oficial del ICE sobre muertes en centros de detención. Casos anteriores, como los del nicaragüense Víctor Manuel Díaz y el cubano Gerardo Lunas Campos en Fort Bliss, Texas, han generado dudas sobre cómo la agencia clasifica estas muertes como suicidios.

Este pronunciamiento de Petro ocurre en un momento en que las relaciones diplomáticas entre Bogotá y Washington enfrentan varios roces. Desde enero pasado, cuando inició el segundo mandato de Donald Trump, las tensiones han sido constantes. La más grave se presentó cuando Petro rechazó recibir vuelos militares con deportados colombianos por considerar que viajaban en condiciones inhumanas, lo que llevó a Trump a amenazar con aranceles y sanciones. Posteriormente, Estados Unidos retiró a Colombia el certificado de país colaborador en la lucha antidrogas e impuso sanciones contra funcionarios, incluido el propio presidente.

Aunque hubo una llamada entre ambos mandatarios a principios de enero que mejoró el clima, y un encuentro en la Casa Blanca el 3 de febrero, casos como el de Brayan Rayo mantienen viva la preocupación colombiana sobre el trato de sus ciudadanos en territorio estadounidense, especialmente en contextos de detención migratoria.