El presidente Gustavo Petro perdió la paciencia con el Congreso y decidió actuar. A través de sus redes sociales, ordenó que se investiguen los legisladores que simplemente no aparecen en las sesiones, impidiendo que avancen los proyectos que su gobierno considera prioritarios. "Le solicito a los presidentes de Senado y Cámara pasar las listas de inasistencia a las comisiones y plenarias de las dos cámaras del Congreso al Consejo de Estado para aplicar la ley sobre inasistencias", indicó el mandatario.

El reclamo no es menor. Petro está furioso porque reformas clave de su administración se quedan estancadas mientras los congresistas brillan por su ausencia. Entre esas iniciativas está la reforma a la salud, que marcó como urgente desde el principio. El presidente es claro en su preocupación: varias Entidades Promotoras de Salud enfrentan lo que él describe como una "quiebra inminente" de varias de estas entidades. Sin esta reforma, sostiene, el sistema de salud seguirá en crisis.

Pero la reforma a la salud no es la única víctima del letargo legislativo. También están represadas la reforma tributaria, diseñada para aumentar impuestos a los capitales más altos del país, la jurisdicción agraria y el código minero. Todos proyectos que el Gobierno ha marcado con urgencia, pero que avanzan al ritmo de un caracol en lluvia.

El contexto explica parte del problema. El Congreso está más preocupado por la carrera presidencial del 31 de mayo que por trabajar. Varios senadores están metidos de lleno en sus campañas, y las pocas sesiones que se realizan terminan convertidas en debate entre aspirantes presidenciales. Los enfrentamientos entre Paloma Valencia del Centro Democrático e Iván Cepeda del Pacto Histórico se han tomado la agenda legislativa, dejando poco espacio para trámites productivos.

Petro fue contundente al señalar que los proyectos "deben ser respetados y tramitados de acuerdo a las normas" y que los mensajes de urgencia que envió el Gobierno tienen que ser acatados. Ahora el balón está en cancha del Consejo de Estado, que deberá revisar esas listas de inasistencia y aplicar las sanciones que correspondan. La pregunta que muchos se hacen es si esta medida presionará realmente al Congreso o si simplemente será otro llamado de atención que se perderá entre los intereses electorales.