La tragedia de Kevin Arley Acosta, el niño hemofílico que murió sin recibir su medicamento durante semanas, volvió a ocupar los titulares por una razón que la familia nunca esperó: el presidente Gustavo Petro decidió hacer pública información de su historial médico durante un acto oficial.

En su intervención, Petro citó detalles de la historia clínica del menor y aseguró que la madre había rechazado una intervención quirúrgica después de una caída que agravó el estado del niño. La familia respondió de inmediato catalogando esto como un acto indebido y adelantó que evalúa demandar al jefe de Estado por violar la confidencialidad médica.

Para los parientes de Kevin, lo que sucedió representa una nueva forma de dolor. Aunque reconocen la intención del Gobierno de esclarecer responsabilidades en la crisis de salud, insisten en que el núcleo del problema sigue siendo el mismo: el niño padeció hemofilia A severa y estuvo casi dos meses sin recibir el factor de coagulación que su cuerpo necesitaba, precisamente cuando Nueva EPS atravesaba su intervención. "El dolor ya es suficiente", expresaron allegados, argumentando que exponer estos datos no es justicia sino revictimización.

La cuestión se trasladó al terreno jurídico rápidamente. En Colombia, la historia clínica está clasificada como dato personal sensible y goza de protección especial bajo las normas de habeas data y reserva médica. Divulgarla sin autorización expresa del paciente o sus representantes puede constituir una vulneración directa de derechos fundamentales como la intimidad y la dignidad. Por eso el concejal Daniel Briceño radicó una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio cuestionando cómo Nueva EPS entregó ese documento.

El episodio expone una tensión incómoda en el corazón de la actual crisis sanitaria: mientras el Gobierno busca mostrar responsables de la debacle en el sistema de salud, la familia de Kevin reclama que se respete su intimidad y se reconozca que lo central fue el abandono de su hijo durante meses. Ahora, probablemente serán los tribunales quienes definan dónde está el límite entre el deber de un presidente de informar al público y el derecho de una familia a proteger la memoria de su hijo.