El presidente Gustavo Petro volvió a atacar la lista Clinton, ese mecanismo de sanciones que Estados Unidos usa para perseguir a personas vinculadas al narcotráfico. En un mensaje en X, el mandatario aseguró que los traficantes "ya no le tienen miedo" a este instrumento y concluyó que "la lista Ofac ya no es un arma" (Ofac es la oficina estadounidense que la administra).

La lista Clinton, creada en 1995, funciona así: incluye nombres de personas y empresas señaladas de tener nexos con el tráfico de drogas. Una vez allí, esas personas quedan bloqueadas de transacciones financieras internacionales, especialmente en bancos estadounidenses. Algo así como quedarse sin tarjeta de crédito en el sistema financiero mundial.

Pero Petro va más allá. Según el jefe de Estado, el mecanismo se ha desviado de su propósito original. Afirmó que la lista "solo sirve para perseguir oposiciones políticas y domesticarlas", según reportó El Cronista. En su análisis, el presidente sostiene que el instrumento ya no disuade a los criminales de verdad, sino que ha terminado castigando a personas que no necesariamente están metidas en economías ilícitas.

Estas críticas cobran especial relevancia porque el propio Petro fue incluido en la lista en octubre de 2025, junto con miembros de su círculo cercano. La decisión de Washington encendió las alarmas en Bogotá: significa restricciones para hacer transacciones con entidades estadounidenses y afecta el acceso a servicios bancarios, incluso fuera de Estados Unidos. El Gobierno colombiano gastó recursos contratando asesoría jurídica internacional especializada en sanciones para enfrentar las consecuencias.

El presidente ha insistido públicamente que su inclusión responde a motivaciones políticas, no a pruebas judicales. Estados Unidos, por su parte, sostiene que la lista es parte legítima de su estrategia global contra redes de narcotráfico. En Colombia, el debate es viejo: desde los años noventa, más de mil personas han sido incluidas en el listado, muchas de ellas reportando consecuencias financieras sin tener condenas judicial en el país.

Las declaraciones de Petro reflejan las tensiones bilaterales vigentes en materia de lucha antidroga y política internacional. Aunque no existen cargos formales contra él en cortes estadounidenses, su inclusión en la lista se ha convertido en uno de los puntos más sensibles de la relación con Washington.