Ya en este punto del mandato de Gustavo Petro, los movimientos en el gabinete generan menos sorpresa. Pero en las últimas semanas ha habido decisiones que encienden las alarmas en las dependencias de inteligencia y finanzas del Estado. Lo que se esperaba es que Jorge Lemus, abogado y exmiembro del M-19, dejara su cargo en la Unidad de Información y Análisis Financiero para trabajar en la campaña presidencial de Iván Cepeda. Sin embargo, su camino tomó otro rumbo.

Lemus fue designado como asesor técnico de la Unidad de Regulación Financiera, una entidad subordinada al Ministerio de Hacienda que actúa como el "brazo técnico" encargado de regular a bancos, aseguradoras, fondos de pensiones y otras instituciones financieras. La URF siempre había sido considerada un espacio donde se respetaba la experiencia técnica sobre las cuotas políticas. Sus funcionarios llevaban años, algunos más de una década, construyendo expertise en regulación financiera. Hasta hace poco, el Gobierno Petro había mantenido esa distancia.

El cambio de dirección vino a finales de año cuando Mónica Higuera, quien dirigía la entidad desde su nombramiento por el exministro Ricardo Bonilla, se atrevió a cuestionar un plan del Gobierno. Higuera consideró que traer de golpe más de 250 billones de pesos que las AFP tienen invertidas en el exterior era un "exabrupto" sin análisis económico serio. Su crítica le costó el cargo. En conversación con EL COLOMBIANO, Higuera afirmó que Petro "está mal asesorado en temas económicos por el ministro Germán Ávila y el superintendente financiero César Ferrari".

Según reportó EL COLOMBIANO, el ministro Ávila, también exmiembro del M-19, solicitó que Lemus llegara a la URF para "supervisar" el trabajo de Diana Larisa Caruso, quien reemplazó a Higuera. Lo curioso es que Lemus, quien fue director de la Dirección Nacional de Inteligencia, carece de formación en regulación financiera. Aun así, ocupará la posición asesor 18, el cargo más alto en la entidad, encargado de la "regulación preventiva", es decir, de establecer las reglas técnicas para anticipar y controlar riesgos en el sistema financiero que protejan a los depositantes y mantengan la estabilidad.

El salario no es menor: Lemus recibirá alrededor de 30 millones de pesos mensuales con primas. En las oficinas de Hacienda algunos lo interpretan como un "premio" a la lealtad política, aunque otros lo ven como un "castigo" a la experiencia y la trayectoria. El puesto anterior lo ocupaba Liliana Walteros, abogada con 12 años en la entidad y especializada en regulación financiera y derecho financiero. La sacaron hace pocas semanas. Higuera, desde las redes sociales, cuestionó si Lemus tendría "amplio conocimiento en regulación como lo tenía la abogada Walteros".

A esto se suma otro movimiento que genera inquietud: Wilmar Mejía, quien fue subalterno de Lemus en la DNI, podría asumir un cargo importante en la UIAF. Mejía es el mismo personaje que apareció mencionado en los archivos decomisados de alias Calarcá, líder de una disidencia de las Farc. Noticias Caracol divulgó hace cuatro meses documentos que lo vinculaban con filtración de información sobre oficiales de inteligencia de la Policía y el Ejército, además de presuntas negociaciones encubiertas. Cuando se conoció su posible nombramiento, Mejía reaccionó en X diciendo que "se atengan los corruptos que se roban los recursos de la salud, los extorsionadores de pagos y quienes lavan dinero a los narcos... ¿Cuándo firmó?", sin negar la información sobre su designación a pesar de las investigaciones de la Fiscalía.