Un nuevo choque entre el presidente Gustavo Petro y la rama judicial marca el pulso por el control de Coosalud EPS. El Tribunal de Bolívar ordenó suspender la intervención que había dispuesto la Superintendencia Nacional de Salud, lo que equivalía a ordenar que la aseguradora volviera a funcionar bajo su estructura anterior. Sin embargo, Petro no solo rechazó acatar esa decisión, sino que atacó al magistrado responsable de la orden.

A través de redes sociales, el presidente escribió: "El magistrado que le devuelve de manera inmediata Coosalud a los corruptos debe ser demandado ante la justicia. Necesitamos una justicia que ayude a devolverle la salud al pueblo y no que apoye los criminales". Este mensaje refleja su convicción de que la intervención es necesaria para proteger a los usuarios de la EPS, a la que ha acusado de corrupción.

La tensión escaló el 17 de abril cuando Jaime González, el anterior representante legal de Coosalud, llegó a la sede en Cartagena para retomar sus funciones tras la orden judicial, pero le impidieron el acceso. Su abogado, Julián Quintana, explicó a Noticias Caracol que el interventor inicialmente había prometido entregarla porque "la orden es inmediata, y no la condicionan". Pero la Superintendente de la Economía Solidaria, María José Navarro, presentó una lectura diferente del fallo. Argumentó que el tribunal no especificaba a quién debía entregarse la EPS, por lo que su entidad debía vigilar que los accionistas designaran apropiadamente a quienes la administrarían antes de proceder con la entrega.

El abogado de González acusó al Gobierno de maniobra política: "lo que quieren es tumbar ahora al representante legal, hoy reconocido por el tribunal, a través de una junta de accionistas, para que esa junta lo destituya y nombren al representante amigo del Gobierno". Mientras tanto, la superintendente Navarro tuiteó que "es una infamia que Jaime González pretenda volver a administrar recursos de la salud con los hallazgos que hemos revelado", refiriéndose a supuestas irregularidades en la administración anterior.

Este pulso legal tiene antecedentes. Un juez administrativo de Bogotá ya multó a Petro con 15 salarios mínimos mensuales por incumplir una tutela relacionada con estas mismas acusaciones contra González, a quien llamó corrupto sin presentar pruebas. Lejos de retractarse, el presidente reafirmó su postura el 15 de abril: "Corruptos y ladrones de la salud son corruptos y ladrones. Pueden arruinarme con multas y cárcel si quieren, como hicieron cuando salí de la alcaldía, pero no me callaré ante el robo de la salud".

Lo preocupante para los usuarios es que los números sugieren que la intervención tampoco ha resuelto los problemas. El tribunal documentó que después de que la Superintendencia tomó control de Coosalud, las quejas y acciones de tutela aumentaron significativamente. Las demandas por problemas en la prestación del servicio crecieron un 21%, pasando de 16.771 a 20.216 entre 2024 y 2025. Este deterioro fue uno de los argumentos que motivó al tribunal a suspender la intervención en primer lugar.