El presidente Gustavo Petro recibió una sanción económica que supera los 26 millones de pesos por no obedecer una orden judicial. El Juzgado 24 Administrativo del Circuito de Bogotá concluyó que incumplió una sentencia que le exigía retractarse públicamente de sus acusaciones de corrupción contra Jaime Miguel González, exgerente de la EPS Coosalud. El tribunal había emitido esa orden el pasado 11 de noviembre de 2025 a través del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tras considerar que las palabras del mandatario vulneraron el buen nombre y la honra del directivo.

Durante varios pronunciamientos en medio del debate sobre la reforma al sistema de salud, Petro había expresado que en Coosalud "se robaron la plata", calificó al entonces gerente de "un bandido" y aseguró que la entidad había garantizado préstamos por más de 200.000 millones de pesos con respaldo de recursos públicos. El tribunal ordenó que ofreciera disculpas públicas y rectificara esas afirmaciones, pero el juzgado determinó que no existía prueba de que el presidente hubiera cumplido con la orden, a pesar de los requerimientos realizados.

Lejos de someterse a la sanción, Petro redobló apuestas después de conocer la decisión judicial. En su cuenta de X escribió que "el señor exgerente de Coosalud, señor González, es un corrupto y los miembros de la junta directiva de Coosalud deben ser procesados por la fiscalía, así sean familiares de expresidentes". También afirmó: "La auditoría forense demostró que efectivamente como dije, fue garantizado un préstamo a empresas privadas ligadas al gerente por más de 200.000 millones de pesos con garantía de recursos públicos".

En el mismo tono desafiante, el mandatario expresó: "Corruptos y ladrones de la salud son corruptos y ladrones. Pueden arruinarme con multas y cárcel si quieren, como hicieron cuando salí de la alcaldía, pero no me callaré ante el robo de la salud". Con esta respuesta, Petro ratificó su posición de que sus denuncias tienen sustento técnico y deben ser investigadas penalmente por las autoridades competentes.

La decisión judicial se produce en medio de una disputa política sobre el futuro del sistema de salud en el país y el rol que deben jugar las EPS en el modelo actual. Mientras el fallo mantiene vigente la orden de retractación, el presidente continúa insistiendo en que sus acusaciones son válidas y merecen ser procesadas por la fiscalía.