El presidente Gustavo Petro volvió a encender la polémica electoral desde Medellín al lanzar críticas públicas contra Abelardo de la Espriella, candidato por Firmes por la Patria, justo cuando un juez le había ordenado mantenerse alejado de cualquier comentario sobre las elecciones del próximo 21 de junio.

Frente a la prohibición judicial, Petro fue contundente. "Yo le voy a decir al señor Abelardo que me atacó personalmente y que no me venga un juez a censurar, porque tengo el derecho fundamental de la Constitución de defender mi buen nombre y de denunciar el crimen", expresó el mandatario. Según Petro, De la Espriella afirmó en un video que él "odiaba a Colombia", lo que lo llevó a responder con un listado de sus gestiones en materia de reducción de pobreza.

El jefe de Estado se enfocó en destacar lo que considera su principal logro: sacar de seis a siete millones de personas de la pobreza. Contrastó esta cifra con gobiernos anteriores, argumentando que "amar" a un país se refleja en acciones concretas hacia la gente. "Amar es amar a la gente, al ser humano, y no perseguirlo ni amedrentarlo con misiles, con genocidas, con listas de exterminio", dijo.

Petro también rechazó las críticas de De la Espriella respecto a políticas estadounidenses. Mencionó, además, una situación en Pamplona que, según él, intentaba afectar a la juventud colombiana con supuesto respaldo de la Policía Nacional. Su postura fue clara: rechazo a lo que llamó una "Colombia esclava" bajo influencias extranjeras.

La prohibición judicial que enfrenta Petro es parte de las medidas que la justicia implementó para garantizar imparcialidad durante la recta final de la campaña electoral. El juez buscaba evitar que el presidente usara su poder institucional para influir en las intenciones de voto en una contienda altamente polarizada.

Este pronunciamiento ha reabierto una discusión legal espinosa: dónde termina el derecho de todo ciudadano, incluso presidentes, a defenderse de ataques personales, y dónde comienzan las restricciones especiales que debe respetar un funcionario público durante procesos electorales. Mientras Petro sostiene que solo ejerció su legítimo derecho a responder agresiones, sus críticos insisten en que cualquier mención pública a candidatos constituye un desacato al fallo judicial.