La polémica sobre las condiciones laborales en el Hospital Universitario del Valle escaló cuando el presidente Gustavo Petro afirmó directamente que "En el Hospital Universitario del Valle tenían prácticamente un centro de esclavitud. La fuerza de la salud debe ser respetada". El mandatario hizo estas declaraciones luego de que la viceministra de Relaciones Laborales, Sandra Milena Muñoz, realizara una inspección al centro hospitalario ubicado en el sur de Cali.

Según lo reportado por la viceministra, la inspección identificó irregularidades graves en la contratación de personal. Señaló que aproximadamente 4.000 trabajadores están vinculados mediante contratos con agremiaciones sindicales, mientras que solo 260 tienen contratación directa con el hospital. Lo más preocupante, según sus hallazgos, es que quienes laboran bajo el esquema sindical ganan 1 millón 700 mil pesos mensuales haciendo las mismas funciones que los contratados directamente, quienes perciben 3 millones de pesos. La viceministra subrayó que "Esta inspección tiene como finalidad identificar si hay presuntas intermediaciones laborales ilegales o alineaciones sindicales. Sindicatos que estamos identificando en esta inspección preliminar, que no son sindicatos reales, que se usan y colocan los sindicatos para hacerse intermediar más de 4.000 trabajadores al interior del hospital".

Los hallazgos de la funcionaria revelaron además que los trabajadores sindicales carecen de beneficios básicos. No reciben pago de horas extras, no gozan de licencias ni incapacidades, y tienen derecho a apenas cinco días de vacaciones en lugar de los quince días que les corresponde por ley a cualquier trabajador colombiano. La viceministra también identificó riesgos químicos, físicos y ergonómicos en las instalaciones, particularmente en áreas donde se manipulan sustancias como propanol en condiciones que podrían ser cancerígenas a largo plazo. Agregó que "los trabajadores que hoy se han acercado a los inspectores para decir que si denuncian, los pueden despedir, que si denuncian, no les van a renovar sus contratos con las organizaciones sindicales que los intermedian de manera ilegal".

El gerente del HUV, Irne Torres, respondió rechazando las acusaciones y argumentando que existen imprecisiones en los números y las conclusiones. Explicó que el hospital no contrata directamente a trabajadores, sino que contrata actividades con dos agremiaciones sindicales: una para procesos quirúrgicos y otra para servicios de enfermería. Aclaró que en su nómina de planta hay 475 personas y no 260 como se afirmó, y que las dos agremiaciones concentran 3.078 trabajadores. Torres insistió en que "El HUV no contrata al personal de agremiaciones sindicales, sino actividades; las agremiaciones contratan a los trabajadores para ese fin".

El directivo cuestionó las motivaciones detrás de las denuncias, sugiriendo que responden a intereses políticos más que a preocupaciones genuinas sobre las condiciones laborales. Enfatizó que estas formas de contratación mediante agremiaciones vienen desde mucho tiempo atrás, incluso desde la gestión del exalcalde Jorge Iván Ospina entre 1999 y 2000, y que funcionan bajo el conocimiento y aprobación del Gobierno Nacional. Señaló además que el HUV no es la única institución que recurre a este esquema, pues también contrata servicios de aseo e imágenes diagnósticas de manera similar.

Torres también destacó la difícil situación financiera del hospital, que atiende pacientes de complejidad nivel III y IV en todo el suroccidente del país. Mencionó que factura mensualmente a las entidades promotoras de salud (EPS) alrededor de 80 mil millones de pesos, pero recibe el pago de apenas la mitad, manteniendo la institución en un estado crítico que impacta directamente su capacidad de operación.