El presidente Gustavo Petro encendió las alarmas al denunciar que el director de la Agencia Nacional de Tierras recibe amenazas de muerte en medio de una guerra sin cuartel por el control de tierras en el Magdalena Medio. Según el mandatario, la situación responde a un intento coordinado de estructuras criminales por recuperar predios que fueron objeto de extinción de dominio, despojos que dejarían sin piso los avances en materia de acceso a la tierra para los campesinos.

En su intervención, Petro señaló a Federico Almanza como presunto testaferro del denominado Cartel de las Marionetas, responsabilizándolo de las amenazas contra Felipe Harman. "¿Quiere matar al director de la ANT?", cuestionó el presidente, mientras solicitaba al ministro de Defensa y la Policía Nacional que tomaran medidas urgentes para proteger al funcionario y garantizar su seguridad.

El jefe de Estado fue categórico al diagnosticar el problema: "La mafia quiere tomarse los terrenos de los campesinos". Advirtió que existe una ofensiva coordinada para recuperar estos bienes y devolverlos a grupos ilegales, lo que vería frustrados los objetivos de su administración en materia de redistribución agraria. Desde Petro insistió en la necesidad de fortalecer la protección a quienes han sido beneficiarios de estos procesos de reforma agraria.

Como respuesta a la crisis, el presidente planteó la creación o fortalecimiento de unidades especializadas de la Policía dedicadas exclusivamente a garantizar la seguridad de los campesinos vinculados a la reforma agraria. La medida buscaría enfrentar la disputa que se libra en territorios donde avanza la redistribución de tierras, especialmente en regiones de alta conflictividad como el Magdalena Medio.

El pronunciamiento de Petro refleja las tensiones que rodean la implementación de la política de tierras, uno de los pilares de su gobierno. En regiones donde avanzan procesos de redistribución territorial, autoridades y campesinos han denunciado presiones y amenazas constantes, un escenario que ahora traspasa las puertas del propio Estado con la seguridad de un funcionario de alto nivel en riesgo.