El Ministerio de Hacienda acaba de radicar ante el Congreso el anteproyecto del Presupuesto Nacional para 2027. Se trata de un documento que marca el cierre fiscal del Gobierno actual y, al mismo tiempo, anticipa cómo operará la próxima administración. Y hay un detalle que no es menor: ese presupuesto será casi 40 billones de pesos más pequeño que el de este año.

Para que se entienda en números reales: pasaría de 546,9 billones de pesos en 2026 a 507 billones en 2027. Es un recorte significativo después de que durante varios años el presupuesto nacional creciera consistentemente. Dicho de otro modo, el Gobierno apunta a achicar el gasto público en su último año, una decisión que responde a las restricciones fiscales que ya aprietan las finanzas del país.

El documento se construyó sobre la idea de que la economía crecerá alrededor del 2,6 por ciento este año y cerca del 3 por ciento en 2027. Sin embargo, a pesar de esa proyección de recuperación económica, el presupuesto se reduce. Del total de 507 billones, 382,5 billones van a gasto sin deuda, mientras que 124,5 billones se destinan únicamente a pagar los intereses y capital de la deuda pública. Eso significa que una cuarta parte del presupuesto entero se va solo a servir la deuda, sin que esos recursos lleguen a escuelas, hospitales o carreteras.

La estructura del presupuesto mantiene las prioridades históricas: educación lidera con 91,5 billones, seguida por salud con 81,3 billones y defensa con 70 billones. Trabajo recibe 64,2 billones. Estos cuatro sectores concentran la mayor parte del dinero. En contraste, los rubros que impulsan la productividad económica reciben migajas. Transporte apenas obtiene 37,5 billones, minas y energía apenas 13,4 billones, vivienda 7,6 billones y agricultura ni siquiera llega a 3 billones.

Aquí viene lo crucial para el próximo presidente: tendrá que ejecutar un presupuesto reducido mientras administra una deuda cada vez más pesada y enfrenta las restricciones fiscales del país. No es simplemente un documento presupuestario. Es la "papa caliente" que el actual Gobierno le deja a quien lo suceda. El Congreso aún debe debatir y aprobar el presupuesto en el trámite legislativo, con versión final prevista para el 29 de julio. Pero el mensaje ya está claro: menos plata para gastar, más deuda que pagar, más restricciones que administrar.