El presidente Gustavo Petro salió al paso de las críticas que ha generado su decreto sobre fortalecimiento de sindicatos y derechos laborales. Sectores de la oposición, entre ellos la candidata presidencial Paloma Valencia, han cuestionado la medida argumentando que podría afectar el funcionamiento del mercado laboral y la estabilidad de las empresas.

Petro respondió con una comparación internacional. Según el mandatario, mecanismos que mejoran la posición de los trabajadores en las empresas no son una novedad en naciones desarrolladas. "El decreto de mejoramiento de la posición de los trabajadores en una empresa respecto a su poder de negociación existe en la realidad en Europa y en EE. UU. y en todos los países desarrollados como Japón y Corea del Sur", aseguró. El presidente agregó que en estos países ni se detiene el desarrollo económico ni se frenan los negocios, e incluso hay esquemas donde los empleados participan en la propiedad de las compañías.

La defensa del decreto va de la mano con un anuncio mayor. Petro confirmó que el próximo 20 de julio presentará ante el nuevo Congreso el Estatuto del Trabajo, una norma que la Constitución ya ordenaba redactar. En este documento, dijo, "será norma legal el salario vital, sus formas de cálculo y los derechos del pueblo trabajador". Para el presidente, esto es necesario porque los derechos laborales se han deteriorado significativamente en las últimas décadas: "se les han quitado derechos como la estabilidad laboral, el salario que permita vivir y el acceso a la pensión".

El mandatario fue crítico con las cifras actuales. Señaló que Colombia tiene "la jornada más larga de la OCDE con Turquía y la más baja productividad", lo que interpreta como un indicador de explotación laboral sistemática. Su solución pasa por vincular los aumentos salariales a la productividad real del trabajo. "A partir del salario vital, el aumento salarial real debe calcularse con esta productividad", explicó, convencido de que así "aumentará la riqueza en toda la sociedad".

El nuevo Estatuto del Trabajo también incluiría, según Petro, garantías de universidad gratuita, salud preventiva, derecho a pensión y el derecho a trabajar y estudiar como normas reales. En cuanto a cómo financiar estos derechos, el presidente fue directo: mediante "una mejor distribución del ingreso nacional". Esto significa, en sus palabras, que "los sectores sociales que poseen grandes rentas no productivas paguen más impuestos". Petro también mencionó que extender pensiones al campesinado representaría un salto importante en calidad de vida para esas poblaciones.