El presidente Gustavo Petro no se anduvo con medias tintas. Después del atentado en El Túnel, Cajibío, que dejó diez personas muertas y más de veinte heridas, ordenó una persecución de alcance mundial contra las disidencias de las Farc que comanda Iván Mordisco. No es una orden cualquiera: el mandatario calificó a estos grupos como organizaciones narcoterroristas y fascistas, y exigió que se les trate como responsables de crímenes de lesa humanidad.

Lo que pasó en Cajibío fue brutal. Una bomba en cilindro fue detonada en medio de la población civil, y entre las víctimas hubo indígenas. Eso encendió las alarmas presidenciales. La respuesta no será solo con soldados en el terreno, sino que el Gobierno también golpeará donde duele: en el bolsillo. La UIAF intervendrá para bloquear el financiamiento de la organización, mientras que Petro también anunció denuncias formales ante la Corte Penal Internacional contra los cabecillas.

El Ministerio de Defensa ya tiene identificado al responsable directo de los ataques recientes. Alias "Marlon" es señalado como el perpetrador de la violencia en Cajibío y de los recientes ataques en Cali y Palmira. Por su captura ofrecen 5 mil millones de pesos. También hay recompensas por alias Max Max y alias Yogui, y 200 millones más para quienes ayuden a prevenir nuevos ataques terroristas.

La situación en el suroccidente es crítica. En las últimas 24 horas se han registrado al menos once incidentes de orden público. Por eso la cúpula de la Fuerza Pública y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se desplazaron a la zona para coordinar la respuesta. El Gobierno fue claro: la ofensiva militar continuará sin parar hasta neutralizar estas estructuras. Petro llamó a estos grupos "detritus de la violencia" y prometió liberar al pueblo caucano del asedio que viven.