La justicia administrativa de Bogotá le pasó una cuenta considerable al presidente Gustavo Petro. El Juzgado 24 Administrativo ordenó al mandatario pagar casi 26 millones de pesos, equivalentes a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por desacato a una orden judicial. La sanción, firmada el 14 de abril por el juez Yimi Alejandro Sánchez, surge de su negativa a retractarse de unos comentarios que hizo contra el exgerente de Coosalud.

Todo empezó en julio de 2025, cuando Petro salió a decir en público que Jaime Miguel González Montaño, exdirector de la EPS, era un "bandido" y que se había "robado la plata" de la cooperativa de salud. Eso generó una demanda por daño al buen nombre y la honra. Un juez falló a favor de González Montaño en noviembre del año pasado, ordenándole al presidente que se retractara públicamente. En enero de este año, la orden quedó en firme, reconociendo que se habían vulnerado derechos fundamentales. Pero Petro simplemente no obedeció.

Para los magistrados, la conducta del presidente constituye un claro desacato. El juzgado consideró que él ignoró sistemáticamente la sentencia, sin presentar las disculpas públicas que le ordenaron ni absteniéndose de emitir nuevas declaraciones contra González Montaño. La multa fue la consecuencia natural de esa desobediencia.

Lejos de bajarse del ring, Petro respondió a través de redes sociales manteniéndose firme en su posición. "Pueden arruinarme con multas y cárcel, si quieren, pero no me callaré ante el robo de la salud", expresó el mandatario, reafirmando sus señalamientos sobre irregularidades en Coosalud y mencionando que un banco trasladó 221.000 millones del presupuesto destinado a salud que habría sido puesto irregularmente como fianza por el gerente.

El fallo judicial representa un precedente importante sobre los límites de la libertad de expresión incluso para el jefe de Estado, así como sobre el respeto a la honra de los ciudadanos en contextos de debates públicos sobre corrupción. Mientras tanto, la Presidencia intenta agotar recursos legales para anular la sanción, manteniendo abierto un debate sobre dónde terminan los derechos del presidente para denunciar malos manejos y dónde comienzan los derechos fundamentales de quienes son acusados públicamente.