El presidente Petro no perdió tiempo en señalar a la Hidroeléctrica de Urrá como responsable de la tragedia humanitaria causada por las inundaciones del río Sinú. Sin rodeos, exigió la renuncia inmediata del gerente Juan Acevedo y lo acusó de asumir responsabilidades penales, aseverando que "todo vertimiento de Urrá sobre los campesinos es la continuación de un crimen ambiental".

Los números, sin embargo, pintan un escenario distinto. La central recibió durante 58 horas consecutivas aportes de agua superiores a los 2.200 metros cúbicos por segundo, un volumen sin antecedentes en los 26 años que lleva operando. Según Acevedo, si no hubiesen retenido ese volumen de agua, el río Sinú habría arrasado con todo a su paso. El embalse comenzó la emergencia a 129,6 metros sobre el nivel del mar, apenas 90 centímetros por debajo del límite máximo permitido de 130,5 metros.

El Presidente fue más allá de culpar a Urrá. Afirmó, sin presentar pruebas, que las hidroeléctricas dejaron llenar deliberadamente sus embalses "por simple codicia" y que esto fue "una estrategia electoral contra la vida directa de los pueblos". Incluso cuestionó la existencia misma de la represa, sentenciando que "nunca debió construirse".

Pero los datos sobre operación muestran otra realidad. Durante enero y lo que va de febrero, más del 80 por ciento de la demanda de energía se cubrió con fuentes hídricas. Los precios de la energía en bolsa comenzaron 2025 en 212.97 pesos por kilowatio hora y bajaron en febrero hasta 100, reflejando mayor disponibilidad hídrica y mayor generación. Si realmente hubiera "codicia" especulativa, los precios no habrían caído tan significativamente.

El Director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, tras visitar el embalse, confirmó que "la emergencia por lluvias en el país ha sido una situación atípica, con precipitaciones muy altas" y descartó "que hubiera un riesgo estructural en la presa". Agregó que "la represa está bajo control" e incluso "la generación de electricidad se detuvo para manejar los niveles".

Lo interesante es que expertos coinciden en que el verdadero problema no está únicamente en cómo operan las represas. Jorge Escobar, del Instituto Javeriano del Agua, plantea que "la raíz del problema no está sólo en los embalses ni en la operación de las hidroeléctricas, sino en un manejo del territorio que ha alterado los ecosistemas naturales, como las ciénagas, que antes regulaban las crecientes". Para evitar repetir tragedias, propone "una gestión integral del riesgo, que combine restauración de ecosistemas, planificación territorial, concertación con las comunidades" y un sistema de alertas tempranas con tecnología moderna.

Colombia adolece de institucionalidad robusta y articuladora, debilitada por clientelismo y corrupción. Los correctivos necesarios van más allá de señalar culpables: requieren repensar cómo habitamos el territorio.