El presidente Gustavo Petro ha pasado los últimos meses sembrando dudas sobre la integridad de las elecciones en Colombia, cuestionando el software de escrutinio y denunciando supuestas manipulaciones en los formularios de registro. Lo particular es que esta actitud contrasta con su disposición para aceptar resultados cuando los favorecía hace cuatro años. El comportamiento no pasó desapercibido: su propio candidato a la presidencia, Iván Cepeda, tuvo que salir a frenar la narrativa presidencial al afirmar públicamente que "no hemos encontrado evidencia, indicios o irregularidades protuberantes".

Mientras Petro levantaba sospechas, organismos electorales internacionales llegaban a conclusiones completamente opuestas. La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea calificó los comicios como "transparentes y bien organizados", destacando que la Registraduría "demostró independencia institucional y un firme compromiso con la transparencia". Observadores de la OEA, la ONU y otras misiones internacionales también expresaron su respaldo sin titubeos, validando la paz y el orden que caracterizaron la jornada electoral.

Las acusaciones principales de Petro carecen de fundamento técnico. El presidente afirmó que existían 800 mil cédulas adicionales en el censo electoral, una cifra que nunca probó. Cuando el registrador Hernán Penagos fue consultado al respecto, recordó que todas las fuerzas políticas tuvieron acceso completo a las auditorías técnicas previas a la elección y participaron en simulacros de escrutinio. Nunca plantearon estas objeciones en esos espacios.

Otro cuestionamiento frecuente de Petro se dirige a la empresa Thomas Greg & Sons, a la que acusa de controlar el sistema electoral. Sin embargo, autoridades como la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral han aclarado que esta empresa solo suministra la infraestructura tecnológica. El escrutinio oficial y la validación de datos permanecen bajo la autoridad legal de jueces, notarios y comisiones de las autoridades electorales. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ya había señalado que en auditorías anteriores "no se pudieron establecer técnicamente vulnerabilidades de seguridad o fallas en la arquitectura del sistema".

Un indicador decisivo de la transparencia es la mínima diferencia entre los resultados preliminares y los oficiales. La variación en las elecciones de marzo fue de apenas 53 mil 504 votos, equivalente al 0,28 por ciento, lo que técnicamente se considera un indicador de altísima transparencia. Esto significa que lo registrado en las urnas coincidió casi perfectamente con los conteos posteriores. Históricamente, estas variaciones han sido mínimas en Colombia: en 2022 fue de 0,11 por ciento y en 2018 de 0,034 por ciento. Los números contradicen la tesis presidencial de que existen cientos de miles de votos desaparecidos.

Petro también denunció que un algoritmo le restó 400 mil votos al Pacto Histórico para favorecerse al Partido de la U. Ningún organismo independiente encontró evidencia de esto. Los expertos explican que las diferencias obedecieron a un diseño complejo del formulario E-14 y a jurados insuficientemente capacitados, no a manipulación tecnológica. La propia Misión de Observación Electoral aclaró que los errores en los formularios "se explican tanto por la cantidad de apartados de los propios E-14 como por el hecho de que los jurados tienen que llenar 3 copias iguales".

El presidente además ha buscado presionar por la revelación pública del código fuente del software, algo que la Registraduría ha explicado no es posible por regulaciones de seguridad. Hacerlo vulnerable a intentos de hackeo sería contraproducente. Paralelo a esto, Petro ha participado activamente en campañas electorales mostrando públicamente su apoyo a Cepeda, lo que ha derivado en una investigación en su contra por violación de neutralidad presidencial. La acumulación de ataques injustificados al sistema electoral sin evidencia que los respalde ha sido catalogada por organismos como Human Rights Watch como lamentable y contraria al respeto por la institucionalidad democrática.