Desde Quibdó, donde participaba en la conmemoración del Día de las Víctimas, el presidente Gustavo Petro lanzó una crítica contundente contra la Corte Constitucional por haber tumbado la emergencia económica. Su preocupación central es clara: sin esos recursos, el Estado no podrá cumplir con las indemnizaciones que el mismo tribunal ha ordenado pagar a quienes han sufrido el conflicto armado.

El mandatario subrayó la contradicción que ve en la sentencia. Explicó que mientras la Corte Constitucional anteriormente obligaba al Estado a indemnizar a las víctimas, ahora le quita los recursos para hacerlo. "La sentencia de hoy de la Corte Constitucional tumbando la emergencia económica es contraria a esta misma Corte que obligaba al Estado a indemnizar a las víctimas, porque le está quitando los recursos. ¿Cómo vamos a conseguir 480 billones?", afirmó Petro.

El tema se pone más desgarrador cuando se miran los números. Petro advirtió que, con la situación actual, el Estado necesitaría 120 años para indemnizar a todas las víctimas registradas en Colombia. Eso significa que la mayoría de esas personas morirían antes de recibir su reparación. "Ahora expliquemos por qué no se quiere que el gasto social de Colombia llegue, no a que en un año podamos indemnizar, pero sí al menos en 10 años máximo, para decirle a una víctima: usted está a 4 años de alcanzar la indemnización", señaló el presidente.

En su intervención, Petro también cuestionó la composición y legitimidad de las instituciones del Estado. Argumentó que su gobierno siempre está en desventaja frente a decisiones clave porque estas entidades "no recogen la voluntad del pueblo colombiano actual". Denunció que le están restringiendo ingresos al Gobierno, algo que interpretó como un intento de ahogo político: "Nos quieren ahorcar. ¿Por qué? Porque somos un gobierno diferente".

Horas después, a través de redes sociales, Petro volvió a la carga contra lo que considera el verdadero problema de fondo: el aumento en el costo de la deuda pública. Escribió que el encarecimiento de esa deuda es lo que "frena la idea de construir un Estado social de derecho en Colombia y nos quiere hundir en la desigualdad y la violencia".

El ministro del Interior, Armando Benedetti, también se unió a las críticas. Aseguró que la decisión de la Corte Constitucional significa que no se gravará a los más ricos, dejando que los más pobres paguen las consecuencias. Benedetti agregó que tanto el Banco de la República como la Corte están favoreciendo al sector financiero mientras los vulnerables cargan con la factura.