La tensión política en Colombia llegó a su punto más crítico durante el proceso de empalme presidencial. Después de cinco días de reuniones entre los gobiernos entrante y saliente, el presidente Gustavo Petro decidió cuestionar la legitimidad del presidente electo Abelardo de la Espriella, un movimiento que ha generado una onda expansiva de preocupación en diferentes sectores del país.

La reacción no se hizo esperar. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue uno de los primeros en manifestarse públicamente. A través de sus redes sociales, Gutiérrez fue contundente: "Petro pasa a la historia de Colombia, dando un golpe de Estado. Resultó ser un golpista. No se los permitiremos".

Desde la Contraloría, Carlos Silgado tomó un camino diferente, enfatizando que este no es momento para confrontaciones. "No es momento de cuestionamientos ni de enfrentamientos, sino de cerrar la institucionalidad frente a una transición tranquila", señaló el funcionario.

Los expertos constitucionales también han alzado la voz sobre la gravedad de lo que está ocurriendo. Andrés Úsuga, abogado especializado en derecho constitucional, lo explicó así: "Esta sería la transición más dura que se viviera en la democracia colombiana, pero es que la democracia colombiana se ve muy afectada en el propio concepto de democracia si el presidente de la república primero dice no aceptar, después dice que acepta los resultados y luego empieza a buscar excusas para desconocer lo que él mismo dijo".

Incluso figuras cercanas al gobierno actual han cuestionado la decisión presidencial. Alejandro Gaviria, quien fue exministro de Petro, fue enfático al señalar que "Petro no puede seguir subvirtiendo el orden legal de manera impune".

Mientras tanto, la Contraloría de la República anunció planes para instalar una mesa técnica este miércoles con el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, en un esfuerzo por mantener la institucionalidad a flote durante esta crisis sin precedentes en la transición democrática del país.