El presidente Gustavo Petro escaló el pulso sobre la reforma agraria en el país al convocar a través de redes sociales a campesinos, indígenas y afrodescendientes a conformar una coordinación social que actúe como un "poder constituyente" para defender los derechos sobre la tierra. El mandatario volvió a poner en el centro del debate nacional una discusión que lo tiene en tensión con sectores de la justicia y gremios económicos sobre cómo se distribuye y administra la tierra en Colombia.

En su pronunciamiento, Petro fue tajante: aseguró que algunas decisiones judiciales recientes representan un intento por devolver al país a modelos anteriores a la Constitución de 1991 e incluso a la Ley 200 de 1936, cuando se permitía una mayor concentración de tierras en manos de grandes terratenientes. El presidente presentó la discusión como una encrucijada: o Colombia avanza en el acceso democrático a la tierra conforme a lo que establece el Estado Social de Derecho, o retrocede hacia esquemas que históricamente han privilegiado a pocos. El mandatario criticó lo que llamó una "terrible sentencia" impulsada por lo que denominó "amigos del poder terrateniente", y lanzó duras acusaciones contra sectores conservadores, incluidos el empresario José Félix Lafaurie y la familia Laserna, a quienes señaló de defender intereses ligados al control histórico de la tierra.

Petro fue aún más allá al denunciar que lo ocurrido constituye un incumplimiento del Acuerdo de Paz firmado con las extintas Farc, particularmente en el punto dedicado a la reforma rural integral. Afirmó que quienes han tomado estas decisiones judiciales estarían frenando los compromisos que el Estado colombiano adquirió ante la comunidad internacional. El presidente insistió en que la disputa por la tierra ha sido históricamente una de las principales causas de violencia en Colombia y advirtió sobre el riesgo de regresar a escenarios de conflictividad similares a los del siglo pasado.

El mandatario propuso dos caminos para avanzar en lo que llamó "momentos constituyentes": uno a través de las urnas y la participación democrática, y otro mediante una gran movilización social en defensa de la reforma agraria. Además, anunció que llevará esta situación ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, organismo que Colombia asumirá próximamente en la presidencia temporal, para informar sobre lo que considera un incumplimiento del Estado ante los compromisos internacionales.

La tensión se intensificó cuando el presidente compartió un mensaje del abogado Sergio Esteban García Cardona, quien cuestionó duramente una propuesta atribuida a la Corte Suprema de Justicia que, según dijo, limitaría las funciones de la Agencia Nacional de Tierras en la administración de baldíos. García Cardona aseguró que esa interpretación sería "abiertamente inconstitucional" y que coincide con posiciones defendidas recientemente por sectores ganaderos y agroindustriales. El abogado advirtió que trasladar estos conflictos exclusivamente a escenarios judiciales afectaría al campesinado debido a la lentitud de los procesos en tribunales.

Con este pronunciamiento, Petro volvió a evidenciar la creciente fricción entre su administración y sectores de las altas cortes alrededor de temas como la implementación del acuerdo de paz y el alcance de las transformaciones que impulsa desde la Casa de Nariño. Hasta el momento, la Corte Suprema de Justicia no ha emitido una respuesta oficial a los cuestionamientos del mandatario.