Al presidente Gustavo Petro se le acaba el tiempo. Le quedan menos de cuatro meses en el cargo para lograr lo que expertos consideran cada vez más difícil: salir de la lista Clinton, el listado de sanciones estadounidenses que restringe operaciones financieras a personas o entidades vinculadas a actividades ilícitas. Los especialistas advierten que este proceso ya es complicado mientras se ejerce la Presidencia, pero se volverá mucho más cuesta arriba una vez pierda el poder. Por eso el mandatario decidió no improvisar en su defensa jurídica.

Hace varios meses, el medio EL COLOMBIANO reveló que Petro había contratado a la firma Amadeus Consultancy Limited, liderada por el abogado estadounidense Daniel Kovalik, por 10 mil millones de pesos. El objetivo era recibir asesoría especializada en asuntos de sanciones financieras internacionales. El contrato se firmó mediante contratación directa. Aunque el tema pasó desapercibido entre otras polémicas del Gobierno, cobró nueva relevancia cuando salieron a la luz detalles sobre quiénes realmente están liderando la estrategia de defensa.

Según información divulgada por el periodista Daniel Coronell, Amadeus Consultancy Limited subcontrató a Curvus Strategic Partners PLLC, una firma con sede en Florida integrada por profesionales con vínculos cercanos al círculo político de Donald Trump. Entre los nombres está Robert David Garson, quien fue abogado del magnate estadounidense en una demanda por 50 millones de dólares contra el periodista Bob Woodward y la editorial Simon & Schuster. Aunque ese litigio fue desestimado en julio del año pasado, Garson ha mantenido proximidad con Trump: en noviembre pasado el presidente estadounidense lo designó en el directorio de un consejo. Garson ha ocupado cargos destacados como presidente de la Asociación Americana de Abogados y Juristas Judíos y de la Asociación de Judíos Estadounidenses de Origen Español y Portugués.

Otro integrante del equipo es Joseph J. Forcier II, exagente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), quien hace poco se desempeñaba como jefe de estación en Kuwait supervisando operaciones de inteligencia estadounidenses en Medio Oriente. El tercero es Abe E. Goldschmidt, exfiscal de Miami y exasistente de Trump. Goldschmidt participó en la primera campaña presidencial del actual mandatario estadounidense y posteriormente fue designado asistente especial durante su gobierno, cargo que le permitió manejar información clasificada y trabajar en el Departamento de Seguridad Nacional.

Lo que llama la atención es que pese a conocerse los nombres y perfiles de estos abogados y consultores, los documentos registrados ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos deliberadamente omiten el valor de los honorarios que reciben. Esto impide saber qué porcentaje de los recursos públicos destinados al contrato termina en manos de estos profesionales.

La estrategia jurídica de Petro en Estados Unidos quedó así en manos de perfiles con experiencia demostrada en litigios complejos, inteligencia y relaciones en las altas esferas del poder estadounidense. Mientras avanza el calendario hacia el final del mandato presidencial, el resultado de estas gestiones sigue siendo incierto.