En un mensaje que refleja las crecientes friccciones entre ambas naciones, el presidente Gustavo Petro dejó clara una condición importante: Colombia está dispuesta a ayudar con un corredor humanitario que permita que migrantes venezolanos actualmente en Ecuador regresen a su país, pero solo si el presidente ecuatoriano Daniel Noboa demuestra respeto hacia Colombia. "La colaboración para hacer el corredor humanitario para llevar a la población venezolana ubicada en Ecuador hasta Venezuela está disponible y depende del respeto a Colombia por parte del presidente de Ecuador", afirmó Petro.

La respuesta del mandatario colombiano llega después de que Noboa, desde Chile, planteara que semejante corredor solo funcionaría si existe coordinación real entre Ecuador, Colombia y Venezuela. El presidente ecuatoriano advirtió que sin esa colaboración conjunta, la iniciativa "no serviría de nada". Sin embargo, la declaración de Petro sugiere que las relaciones entre los dos países están demasiado tensas como para dar ese paso coordinado sin antes resolver otras disputas de fondo.

Y es que la relación entre Bogotá y Quito ha deteriorado notablemente desde comienzos de 2026. Lo que comenzó como una disputa comercial se ha convertido en lo que analistas califican como una verdadera "guerra arancelaria". Ecuador impuso primero un arancel del 30 por ciento a productos colombianos, argumentando preocupaciones por el narcotráfico y la seguridad en la frontera común. Colombia respondió con medidas recíprocas, incluyendo aranceles similares a productos ecuatorianos y la suspensión de envíos de energía eléctrica. Posteriormente, los aranceles escalaron hasta el 50 por ciento, profundizando aún más el conflicto. La disputa también incluyó incrementos en las tarifas para transportar petróleo colombiano a través del oleoducto ecuatoriano SOTE, así como restricciones que afectaron el intercambio bilateral.

Las diferencias van más allá de lo comercial. Noboa ha cuestionado en repetidas ocasiones la estrategia del gobierno colombiano frente al narcotráfico, señalando que Ecuador ha tenido que asumir mayores costos en seguridad fronteriza debido a la actividad de grupos criminales en la zona limítrofe. Por su parte, el gobierno de Petro ha rechazado esas acusaciones y ha defendido la cooperación que Colombia mantiene en materia de seguridad y control del narcotráfico en la región. Con este panorama de desacuerdos profundos, la posibilidad de un corredor humanitario coordinado parece aún lejana.