Las redes sociales se han convertido en el principal campo de batalla político del presidente Gustavo Petro. Sus publicaciones han generado múltiples conflictos legales, y el más reciente le costó una sanción económica considerable. El Juzgado 54 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá impuso una multa de aproximadamente 8,7 millones de pesos, equivalente a cinco salarios mínimos mensuales vigentes, porque el mandatario incumplió una orden judicial de retractarse de acusaciones contra el fiscal Mario Andrés Burgos.

El origen de este conflicto se remonta a publicaciones en las que Petro vinculó al fiscal con carteles de narcotráfico y lo relacionó con el caso del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado en 2022. Burgos, quien lideró la investigación contra el hijo del presidente, acudió a los juzgados considerando que sus derechos fundamentales fueron vulnerados. Los tribunales ordenaron entonces al mandatario que rectificara la información que había difundido.

Sin embargo, el juzgado encontró que las rectificaciones emitidas por el presidente no cumplieron integralmente con lo ordenado. La decisión judicial señala que "estas desdibujan la orden judicial inicial", resaltando que el punto central era determinar si las declaraciones afectaron efectivamente el buen nombre del fiscal Burgos Patiño.

Al considerar que la rectificación no fue suficiente para resarcir el daño causado, los jueces procedieron a imponer la multa como sanción por el incumplimiento. El presidente tiene tres días, una vez quede en firme esta decisión, para pagar el valor correspondiente. Cabe señalar que el juzgado negó solicitudes adicionales, como ordenar arresto contra el mandatario o investigarlo por posibles delitos como prevaricato por omisión.

La sentencia es clara en un aspecto fundamental: el pago de la multa no exonera al presidente de cumplir plenamente con la orden de rectificación. Además, el fallo precisó que las afirmaciones del presidente "no pueden ser consideradas meras opiniones políticas, pues constituyen actos de retaliación que atentan directamente contra la independencia de la rama judicial y la presunción de inocencia, constituyendo un uso indebido de su poder para dirimir conflictos de índole personal".

El expediente seguirá su curso ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para el correspondiente grado de consulta, como lo marca el procedimiento en estos casos.