El presidente saliente Gustavo Petro volvió a generar polémica al cuestionar la legitimidad de las elecciones colombianas apenas cuando el conteo de votos se aproximaba a su conclusión. A través de su cuenta en X, Petro estableció un paralelo entre lo ocurrido en Colombia y el caso de Rumania, donde la justicia electoral anuló una elección presidencial por presunta interferencia extranjera. La pregunta que plantea es directa: si en Rumania bastó la injerencia extranjera para anular las elecciones, por qué en Colombia no ocurre lo mismo si, según él, hubo una "clara y confesa intervención extranjera".

El problema, según analistas consultados, es que los dos casos son fundamentalmente distintos. En Rumania, en diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional anuló la primera vuelta de las elecciones presidenciales que había ganado Calin Georgescu, candidato de derecha y contrario a la Unión Europea. La anulación no se basó simplemente en la existencia de apoyo extranjero a través de redes sociales. Detrás de esa decisión hubo documentos desclasificados de inteligencia que revelaron operaciones concretas: más de 85.000 ciberataques contra el sistema electoral, la reactivación de aproximadamente 25.000 cuentas de TikTok que estaban dormidas y comenzaron a promover mensajes favorables al candidato, así como irregularidades en la financiación de la campaña. Meses después, el Tribunal Supremo rumano incluso impidió que Georgescu participara en las nuevas elecciones.

En Colombia, la situación es radicalmente diferente. Las autoridades electorales no han reportado ciberataques masivos al sistema, los candidatos han reportado sus gastos de campaña según lo exigido por ley, y no hay investigaciones sobre financiación irregular. Todas las misiones de observación internacional, incluyendo la de la Unión Europea, han descartado hallazgos de fraude o irregularidades sustanciales en los comicios.

Álvaro Benedetti, analista político y consultor internacional, es claro en su evaluación: "La injerencia hoy, con la política informacional, tiene una línea muy delgada entre ser real y comprobable o sencillamente una apuesta por opinar desde las preferencias". Según Benedetti, simplemente porque gobiernos extranjeros o actores internacionales expresen preferencias por ciertos candidatos en redes sociales no significa que las elecciones sean invaluables. Ese nivel de crítica no existe en la jurisprudencia electoral colombiana como lo sí existe en la rumana.

El analista fue más contundente al evaluar el discurso presidencial: "Yo no creo que haya ningún tipo de validez ni jurídica ni mucho menos procedimental frente a las elecciones de acuerdo con lo que está diciendo Petro. Como siempre, lo que él busca es generar ilegitimidad frente al proceso y agitar a sus bases, pero claramente no tiene ningún asidero". Para Benedetti, aunque el sistema judicial rumano tiene consideraciones especiales respecto a interferencias en redes sociales, en Colombia simplemente esa jurisprudencia no existe.

La conclusión es inevitable: mientras que en Rumania la anulación electoral descansó en investigaciones de inteligencia, ciberataques documentados y violaciones a leyes de financiación, en Colombia no se han presentado pruebas que respalden afirmaciones similares ni las autoridades han cuestionado la validez de los resultados.