La última legislatura que atiende el gobierno Petro en el Congreso de la República se cierra con más sinsabores que celebraciones. Cuando el presidente llegó a la Casa de Nariño en 2022, logró algo poco común en la política colombiana: conformar una coalición que incluía partidos tradicionales como el Liberal, el Conservador y La U. Esa fue la base de su poder inicial en el Legislativo. Pero los años pasaron, las diferencias se acumularon y esa mayoría que parecía sólida se fue desmoronando poco a poco, fortaleciendo a la oposición y dejando al Ejecutivo sin herramientas para sacar adelante sus iniciativas más importantes.

El símbolo más claro de este deterioro está en la reforma a la salud, quizá el proyecto más representativo del Petro. Estuvo en discusión durante años sin lograr aprobación definitiva. El Gobierno intentó un último movimiento: pedir que fuera analizado en una comisión diferente, una estrategia que ya había funcionado con la reforma laboral. Pero esta vez la jugada no salió. La reforma a la salud cerró su ciclo legislativo sin convertirse en ley, dejando en evidencia la pérdida de gobernabilidad que aqueja al Ejecutivo.

Otros proyectos corren similar destino. La ley de competencias, presentada en diciembre de 2025 y considerada fundamental para descentralizar el país y fortalecer las finanzas de regiones, apenas fue discutida en algunos foros pero nunca llegó a tener una ponencia formal en el Congreso. Su fracaso arrastra consigo el referendo fiscal de las regiones, que buscaba aumentar recursos para municipios y departamentos. Mientras tanto, la reglamentación de la jurisdicción agraria, que comenzó con aparentes consensos, se convirtió en arena de confrontación electoral y permanece aplazada sin claridad.

El Ministerio de la Igualdad es quizá lo más simbólico de esta debacle legislativa para Petro. La Corte Constitucional ya declaró inexequible la ley que lo creó por errores de trámite y problemas de financiación, pero le dio dos años al Gobierno para corregir esas fallas y aprobar nuevamente la norma. A días del cierre de sesiones ordinarias, el proyecto seguía sin superar el debate en las comisiones. Las críticas van desde cuestionamientos sobre su gestión hasta la supuesta duplicidad de funciones con otras entidades estatales y controversias administrativas. Incluso si lograra avanzar en comisión, tendría que superar plenarias de Senado y Cámara, lo que obligaría a convocar sesiones extraordinarias.

Entre las pocas buenas noticias está la aprobación del nuevo estatuto anticontrabando, considerado estratégico para fortalecer los controles económicos del país. Pero este avance es apenas una brasa en medio de las cenizas de una legislatura difícil. Con la segunda vuelta presidencial cada vez más cerca, el Congreso se encamina hacia el cierre de sesiones dejando varias reformas inconclusas y una agenda gubernamental que nunca logró despegar como se esperaba cuando comenzó todo esto hace casi tres años.