El presidente Petro llegó al final de su mandato con una obsesión que no lo suelta: cambiar la forma en que se expropian tierras en Colombia. Según el analista José Félix Lafaurie, esta es ya la quinta vez que el Gobierno intenta eliminar los requisitos legales que protegen a los propietarios en estos procesos.

La batalla comenzó hace años. La primera vez, el Gobierno trató de colar un cambio en la Ley del Plan de 2023 que eliminaba una fase judicial obligatoria en las expropiaciones. La Corte Constitucional dejó claro que no: declaró esa norma inexequible. Pero el Gobierno no se dio por vencido. Lo intentó de nuevo en 2024 con un proyecto de Jurisdicción Agraria, que busca crear juzgados especializados en temas de tierra. Incluso la Agencia Nacional de Tierras, ANT, demandó la constitucionalidad de decretos anteriores, buscando por tercera ocasión quitar esa protección judicial. La Corte volvió a decirle que no.

Ahora, ya en las últimas semanas de la legislatura, el Gobierno empuja nuevamente el debate de la Jurisdicción Agraria en el Congreso. Lafaurie comenta que avanza "a trompicones en Cámara" y con pocas posibilidades en Senado, todo esto en un ambiente donde la confianza en el Gobierno se ha erosionado.

Lo interesante es que Lafaurie, escribiendo desde China, hace una observación que trae perspectiva al asunto. Ese país comunista aprendió de sus errores: una política agraria desastrosa llamada el Gran Salto Adelante mató a más de 40 millones de personas por hambre. Desde entonces, China cambió de estrategia. En lugar de solo transferir tierras, invierte millones de dólares en investigación, asistencia técnica, vías e infraestructura rural.

"La dignidad y la paz no dependen de la posesión de un pedazo de tierra", escribe Lafaurie, "sino de la reconversión rural como inversión estratégica nacional". Para este columnista, construir dignidad campesina no se trata de quién posee la tierra, sino de darle a los campesinos las herramientas, el conocimiento y la infraestructura para prosperar. Es una lección que, sugiere, Colombia todavía no ha aprendido.