El presidente Gustavo Petro enfrenta una investigación en la Comisión de Acusaciones de la Cámara por presunta participación en política, pero su verdadero alcance legal es limitado. Lo que sí resulta significativo es que esta acción evidencia un patrón más amplio: según críticos, el Gobierno ha utilizado durante meses instrumentos públicos y recursos del Estado para beneficiar la candidatura de Iván Cepeda. Este martes, el ministro del Interior Armando Benedetti salió a defender al presidente diciendo que solo hacía "análisis político", aunque la Constitución establece límites claros para que los funcionarios públicos intervengan en campañas electorales.

Mientras tanto, la candidata presidencial Claudia López presentó una denuncia formal contra Petro por al menos 20 intervenciones que, según ella, buscaban afectar su campaña y favorecer la de Cepeda. La directora de la Mesa de Observación Electoral, Alejandra Barrios, fue contundente al recordar que "el Presidente, los ministros, ministras, gobernadores, alcaldes deben dar garantías para todas las candidaturas y no intervenir en el debate político, en el debate electoral". El procurador Gregorio Eljach, designado por Petro, interpretó la ley de manera que diferenció entre actuar como ciudadano o desde la investidura pública, lo que generó críticas de sectores opositores que ven esta lectura como permisiva.

La controversia más visible gira en torno a las publicaciones del presidente en X durante las últimas semanas, donde ha compartido mensajes favorables a Cepeda y atacado a candidatos rivales. Uno de los episodios más cuestionados fue su respuesta tras actos vandálicos contra una sede de campaña de Paloma Valencia en Bogotá, cuando Petro publicó: "Lea la ley señora Valencia: toda fachada pública en Colombia es pública y está regida bajo normas públicas". El alcalde Bogotá Carlos Fernando Galán respondió que "los hechos de vandalismo (en la sede de campaña de Valencia) son violencia impulsada por declaraciones del propio presidente Petro". Paralelamente se conoció que uno de los vándalos implicados, Sergio Bustos, tiene contrato vigente con la UNGRD.

El Gobierno también aceleró una lluvia de decisiones que benefician sectores amplios de electores justo antes de las restricciones electorales. Entre el 26 y el 30 de enero de 2026, momentos previos a la Ley de Garantías, adjudicó contratos de publicidad institucional por más de 71.893 millones de pesos, un aumento de 4.166 por ciento respecto al mismo período de 2022. La Contraloría General reportó que solo en enero se firmaron 521.614 contratos públicos por aproximadamente 32 billones de pesos, con un aumento del 68 por ciento comparado con 2022.

El programa de subsidios para adultos mayores también se disparó: entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, los beneficiarios aumentaron 71 por ciento al incorporar 1,16 millones de nuevos adultos mayores, y la bolsa de pagos se dobló de 324.240 millones a alrededor de 644.000 millones de pesos. A solo tres días de la primera vuelta presidencial, Prosperidad Social desembolsó 700.086 millones de pesos en el cuarto ciclo de pagos, casi tres veces más que el mismo ciclo del año anterior.

En abril, el Ministerio de Transporte suspendió varias cámaras de fotomultas en distintas regiones por irregularidades, decisión que tuvo impacto político sobre millones de conductores. El congelamiento y reducción de peajes, mantenido desde 2023 con compensaciones superiores a un billón de pesos, continuó en 2026 con nuevos aplazamientos de incrementos. En educación, el Gobierno anunció subsidios temporales a las tasas de interés del Icetex para 170.000 estudiantes entre abril y junio, con costo fiscal cercano a 100.000 millones de pesos.

Aparecieron también denuncias sobre un supuesto esquema de coordinación de influenciadores desde el Ministerio TIC para impulsar contenidos favorables a Cepeda, además de la suspensión provisional de la embajadora en Haití, Vilma Velásquez, por expresar públicamente su apoyo al candidato. En combustibles, después de aumentos graduales entre 2022 y 2025, el ritmo se desaceleró y hubo reducciones parciales en ciudades, decisiones que el Gobierno justificó por mejoría en el déficit del fondo, aunque críticos señalaron el timing electoral. Finalmente, el Ejecutivo eliminó una prima especial para congresistas bajo un discurso de austeridad, y decretó un aumento del salario mínimo superior al propuesto por gremios empresariales, mientras Petro intensificaba críticas al Banco de la República por sus tasas de interés altas.