El Gobierno de Gustavo Petro dio luz verde para crear espacios donde concentrar a miembros de grupos armados ilegales mientras se desarrollan las negociaciones que buscan llevarlos hacia la vida civil. Esta decisión, tomada tras una reunión entre el presidente, el alto comisionado para la Paz Otty Patiño y delegados de las mesas de negociación, hace parte de la estrategia de "paz total" que impulsa la administración nacional.

La decisión incluye a cuatro estructuras armadas: el Clan del Golfo, el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), los Comuneros del Sur y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB). Para estos grupos se establecerán cinco Zonas de Ubicación Temporal distribuidas en diferentes regiones del país.

El Clan del Golfo tendrá presencia en Córdoba y Chocó. Específicamente, el Gobierno definió áreas en Tierralta, Córdoba, y en Belén de Bajirá y Unguía en Chocó, donde se espera concentrar cerca de 400 integrantes a partir del 25 de junio. Los otros grupos ocuparán zonas en Tibú (Norte de Santander) para el Frente 33 del EMBF; Mallama (Nariño) para los Comuneros del Sur; y dos espacios en Roberto Payán (Nariño) y Valle del Guamuez (Putumayo) para la CNEB.

Hay un punto que ha generado polémica: el Gobierno aclaró que en esta primera fase no podrán ingresar personas con órdenes de captura vigentes para extradición. Esta precisión es importante porque alias "Chiquito Malo", máximo jefe del Clan del Golfo, está solicitado por autoridades estadounidenses. El Ejecutivo sostiene que estas zonas buscan facilitar el tránsito hacia la vida civil y avanzar en los procesos de negociación que establece la Ley 2272 de 2022, conocida como Ley de Paz Total.

Sin embargo, expertos han cuestionado si estas zonas tendrán real capacidad de funcionar. Advierten que podrían quedarse en simples mecanismos simbólicos si no hay avances concretos en las negociaciones o garantías jurídicas claras para quienes hagan el tránsito. Otro problema identificado es que aún no existe una Ley de Sometimiento que defina con precisión cómo funcionaría ese paso hacia la legalidad, lo que genera incertidumbre sobre el futuro de estos procesos de paz.