La tensión entre el presidente Gustavo Petro y la Procuraduría General de la Nación escaló nuevamente después de que el Ministerio Público solicitara al Tribunal Administrativo de Cundinamarca anular el acuerdo que el Gobierno Nacional firmó con Portugal para la fabricación de pasaportes colombianos. Un contrato que, según los registros, tiene un valor de 1.3 billones de pesos.

Petro no se quedó callado. El jefe de Estado cuestionó directamente las intenciones del organismo disciplinario y las vinculó con intereses particulares de candidatos presidenciales. "Esto es plegarse al interés particular. Thomas Greg and Sons va por un acuerdo con un candidato. Si tumba el contrato de pasaportes es porque el acuerdo se realiza. Mal hace la Procuraduría al meterse en las elecciones presidenciales", sostuvo el presidente a través de redes sociales.

El mandatario fue más allá y aseguró que lo que realmente buscan es abrirle camino a la empresa que anteriormente manejaba los pasaportes para que vuelva a hacerlo. "La idea de censurarme es para permitir que tomen el contrato de pasaportes y la empresa beneficiaria: Thomas Greg buscará devolver el favor en el escrutinio. Pasaportes no vuelven a Thomas Greg and Sons, así vuelvan los tiempos de Ordoñez", expresó.

En paralelo, la Procuraduría también presentó una solicitud al tribunal para que se le prohíba al presidente hablar sobre fraude electoral sin respaldar sus afirmaciones con pruebas. Ante esto, Petro respondió con preocupación: "¿Sin pruebas?, ¿Están dispuestos a censurar al presidente de nuevo?". El presidente entonces explicó sus preocupaciones sobre la transparencia en los procesos electorales, argumentando que hay riesgos cuando el software de conteo de votos no es auditado públicamente ni controlado directamente por la Registraduría.

Petro hizo un llamado a los movimientos políticos para que presenten ante el tribunal todas las denuncias que tengan sobre irregularidades en los formularios electorales y reiteró su advertencia a Thomas Greg and Sons: "que no sueñen con censurar al presidente".

La demanda de la Procuraduría no solo busca anular el millonario contrato con Portugal, sino que también solicita que se reintegren los dineros ya pagados a la Casa de la Moneda del país europeo. El Ministerio Público argumenta que existen varias irregularidades en el acuerdo, incluida la falta de recursos disponibles para su ejecución.