El presidente Gustavo Petro encendió la alarma sobre dos frentes durante un consejo de ministros realizado en Ipiales la noche del 13 de abril. Por un lado, lanzó críticas contundentes contra programas de vivienda. Por otro, alertó sobre dinámicas de seguridad e ilegalidad en la frontera con Ecuador que, según su análisis, están interconectadas.

Respecto a Mi Casa Ya, que agotó sus recursos hasta diciembre de 2025, Petro fue directo en su diagnóstico. El programa, que ya no opera, según el mandatario nunca cumplió su propósito real. "En esos programas mi casa ya no sé qué que se han inventado, que son artilugios financieros en donde solo ganan los banqueros y la plata del Estado se pierde", señaló. El razonamiento del presidente es que el subsidio no llega directamente a quien compra la casa, sino que termina inflando los precios, lo que favorece a las constructoras y a las entidades financieras a través de intereses.

Petro fue enfático: "Estamos entregándole el subsidio no es a la gente que compra la vivienda, sino al dueño de la constructora". Además, criticó a Camacol, el gremio de constructores, por no cuestionar el aumento de tasas de interés que ha impuesto el Banco de la República, medida que afecta justamente la producción de viviendas de interés social.

En materia de frontera, el panorama que describió el presidente es más oscuro. Petro vinculó la caída del dólar, las decisiones del Banco de la República y acciones del gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa con riesgos concretos de seguridad en Nariño. Según su planteamiento, estos factores económicos pueden crear condiciones donde estructuras criminales vean oportunidad para consolidar control territorial. "La frontera no puede caer en manos de la mafia", advirtió.

Durante la sesión, Petro también denunció situaciones graves en transporte intermunicipal hacia Ipiales. Aseguró que hay reportes de abuso contra menores de edad en buses durante horarios nocturnos y cuestionó la falta de respuesta de la policía. "La policía no ha hecho nada en contra, a pesar de que yo se lo advertí", manifestó el mandatario. Estos hechos, según su análisis, están conectados con condiciones sociales que permiten dinámicas de violencia y explotación en la zona.

El Gobierno reafirmó su postura de que no permitirá que organizaciones ilegales tomen control de la frontera, aunque en la reunión quedó claro que Petro percibe riesgos reales en ese sentido. El consejo en Ipiales evidenció cómo el Ejecutivo entiende las políticas de vivienda y las dinámicas económicas no como temas aislados, sino como parte de una cadena que impacta seguridad y estabilidad en las regiones más vulnerables del país.