El presidente Gustavo Petro no se quedó callado frente a la decisión judicial que frenó la intervención de Coosalud. El Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó la suspensión inmediata de esta medida del Gobierno tras identificar graves irregularidades en su ejecución y un deterioro progresivo en la prestación de servicios de salud a los afiliados. Pero el mandatario, en lugar de aceptar el revés judicial, decidió contraatacar.

A través de redes sociales, Petro reiteró sus acusaciones contra Jaime González, el exgerente de la EPS. Según el presidente, González habría utilizado recursos públicos de salud en beneficio propio y lo habría hecho en complicidad con miembros de la junta directiva de la entidad. El jefe de Estado fue más allá al mencionar nombres específicos: Rafael Santos, hermano del exvicepresidente Francisco Santos, y Juan Carlos Pastrana, hermano del expresidente Andrés Pastrana Arango. Estas palabras elevaron considerablemente la temperatura política alrededor de un caso que ya genera tensión por las reformas al sistema de salud.

Lo complicado para Petro es que sus declaraciones llegan en un momento delicado. El Juzgado Veinticuatro Administrativo de Bogotá ya lo sancionó por desacato a una orden judicial. La razón fue que el presidente se negó a rectificar una afirmación en la que calificó como "bandido" a Jaime Miguel González Montaño. Un juez había ordenado que corrigiera esas palabras porque vulneraban el derecho al buen nombre del exdirectivo, quien ganó un proceso de tutela. Como castigo por no obedecer, le impusieron una multa equivalente a quince salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Ahora, mientras la justicia mantiene en suspenso la intervención de Coosalud para analizar cómo se tomó esa decisión, miles de usuarios de esta EPS quedan en incertidumbre sobre cómo será la prestación de servicios. La batalla entre el Ejecutivo y los tribunales judiciales vuelve a ocupar el centro del debate político, dejando claro que en este tema no hay un ganador definitivo.