El presidente Gustavo Petro no se quedó callado frente a la decisión del Consejo de Estado de detener provisionalmente el traslado de cinco billones de pesos desde fondos privados de pensiones hacia Colpensiones. A través de sus redes sociales, el mandatario expresó su rechazo a lo que considera una medida que va en contra de los derechos de los trabajadores colombianos que optaron por cambiarse al sistema público.

En su pronunciamiento, Petro fue contundente con sus críticas. "El Consejo de Estado acaba con el derecho a la pensión y eso no debe ser permitido por el pueblo trabajador. La constitución de 1991 floreció en derechos para la gente. Un poder constituido como el Consejo de Estado no tiene ninguna legitimidad en anular los derechos de la gente que trabaja. Esa es una decisión inconstitucional y es un golpe de estado contra el pueblo constituyente y soberano", afirmó el jefe de Estado. El presidente confía en que la Corte Constitucional tenga "la oportunidad histórica de dignificar la justicia colombiana" y le devuelva la razón en este asunto.

El mandatario también apuntó sus críticas hacia los grandes empresarios dueños de los fondos privados de pensiones. Acusó al tribunal de proteger intereses económicos particulares y señaló específicamente a personajes como Luis Carlos Sarmiento y al grupo Bancolombia. "El consejo de estado no puede pretender, por salvar los dos banqueros dominantes de este país, Luis Carlos Sarmiento y el grupo empresarial antioqueño, dueños de Bancolombia y su fondo privado de pensiones, que se estafe al pueblo trabajador, dejando los ahorros de la gente que trabajó toda su vida y decidió libremente pasarse al sistema público de pensiones", sostuvo.

Petro fue más allá en sus críticas y cuestionó la legitimidad de las instituciones que se oponen a sus reformas. Insistió en que el pueblo debe respaldar políticamente los cambios impulsados por su gobierno y transformar las instituciones que, según él, se interponen en el camino de los derechos sociales. "Aquí decide el pueblo y no los abogados genuflexos a banqueros", expresó.

En un giro más polémico, el presidente pidió acciones judicales contra el magistrado que redactó la decisión. "Dado que la sentencia del magistrado del Consejo de Estado a favor del interés de los banqueros y en contra del interés general de los trabajadores y de la ley vigente que aquí muestro, pido demandar penalmente por prevaricato al magistrado ponente", expresó en un segundo mensaje.

La decisión del Consejo de Estado mantiene congelado por ahora el traslado de recursos hacia Colpensiones, que en total suma 25 billones de pesos. La medida es provisional mientras el alto tribunal estudia de fondo si el decreto expedido por el Gobierno para implementar parte de la reforma pensional se ajusta a la ley.