El presidente Gustavo Petro no se queda quieto. Después de que el Consejo de Estado frenara en seco el traslado de 5 billones de pesos en ahorros pensionales desde los fondos privados hacia Colpensiones, el mandatario salió a enfrentar la decisión judicial con nuevas estrategias administrativas y advertencias contundentes.

Petro no dudó en calificar las decisiones de los altos tribunales como un atentado contra el pueblo colombiano. "Se está vulnerando la Constitución de Colombia y se está vulnerando el mandato del pueblo colombiano", expresó el presidente, dejando clara su posición de que los jueces están obstruyendo la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

Lejos de retroceder, el mandatario fue directo: "Voy a impartir nuevos decretos y resoluciones en virtud de esta función constitucional para defender el ahorro del público". Con esa promesa sobre la mesa, impartió órdenes concretas hacia sus funcionarios. Instruyó a la Superfinanciera para que inicie medidas contra los fondos privados que se resistan a transferir los ahorros pensionales. La advertencia fue severa: "Si no devuelven… hay que proceder penalmente y administrativamente", sentenció.

Además, el presidente pidió que se identifique y denuncie a servidores públicos de las tres ramas del poder que, según su visión, estén obstruyendo la ley de reforma pensional. Es decir, amplió el horizonte de presión más allá de los fondos privados.

Mientras tanto, el opositor Abelardo de la Espriella no perdió oportunidad para criticar al mandatario, argumentando que la justicia es el único freno contra lo que él llama "ambiciones" presidenciales. "La institucionalidad y la ley son las armas con las que los ciudadanos podemos atajar a atarbanes dictatoriales como tú", disparó.

Petro también aclaró que su propuesta de Asamblea Nacional Constituyente tiene el objetivo de "ampliar la Constitución del 91 y no para derogarla", especialmente en temas de reformas sociales que, según su argumento, el Congreso no ha aprobado. De esa manera, buscó defenderse de críticas que lo acusan de querer cambiar la estructura fundamental del Estado.