La muerte de Yulixa Toloza ha sacudido de nuevo a Colombia y ha obligado a la clase política a enfrentar un problema que lleva años sin solución: la proliferación de clínicas clandestinas donde se realizan cirugías estéticas sin ningún tipo de control. El presidente Gustavo Petro anunció a través de su cuenta en X que presentará ante el Congreso un nuevo proyecto de ley que llevará el nombre de la víctima y que buscará endurecer significativamente los requisitos para quienes realizan estos procedimientos en el país.

El anuncio llegó cuando aún están frescos los hallazgos de Medicina Legal que clasificaron la muerte de Toloza como un homicidio violento. De acuerdo con la necropsia, durante una intervención de succión en abdomen y espalda la mujer sufrió graves lesiones internas, hemorragias y múltiples traumas físicos. Los peritos encontraron fracturas en la zona torácica, lesiones hemorrágicas en los músculos del cuello y hematomas profundos en la región lumbar. Detalles que muestran claramente lo que puede ocurrir cuando estas cirugías se hacen en manos inexpertas y sin infraestructura adecuada.

La Ley Yulixa Toloza tendría tres pilares fundamentales. Primero, que solo médicos cirujanos especializados en cirugía estética, egresados de universidades acreditadas, puedan realizar estos procedimientos. Segundo, que las intervenciones se realicen únicamente en centros habilitados y bajo regulación. Y tercero, combatir la publicidad engañosa que promociona estas clínicas de garaje. El presidente dejó claro que su intención es que "nadie pueda hacer cirugía estética sino con título de médico cirujano especializado en la cirugía estética en universidad acreditada".

Lo que hace más preocupante este caso es que el debate sobre regulación de cirugías estéticas no es nuevo en Colombia. De hecho, ya ha fracasado cinco veces en el Congreso. El proyecto denominado #CirugíaSeguraYa fue archivado en varias ocasiones, impulsado en su momento por la periodista Lorena Beltrán, quien también fue víctima de mala praxis y ha dedicado años a defender la necesidad de una regulación estricta. Ahora, con la muerte de Toloza como detonante, el Gobierno espera poder romper ese ciclo de intentos fallidos y finalmente lograr que una ley como esta prospere en el Legislativo.